A pocos días de las elecciones, el Perú se enfrenta una paradoja: se debate sobre seguridad como si el Estado tuviera el control, pero nos ha mostrado una y otra vez que no lo tiene. Las cifras son claras: la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes casi se ha triplicado, pasando de 2.2 en 2019 a 6.5 en 2025. Como respuesta, Lima y Callao llevan meses bajo estado de emergencia, pero sin representar un cambio concreto en la tendencia del crimen. Así, cuando lo excepcional se vuelve habitual, deja de ser una respuesta y pasa a ser una confesión de incapacidad.
El debate suele girar en torno a la falta de policías, pero a nivel nacional hay cerca de 400 efectivos por cada cien mil habitantes, por encima de países como México o Brasil. El verdadero problema es cómo se distribuye: a pesar de ser la región con las tasas más altas de denuncias de homicidios y extorsión, La Libertad tiene apenas 245 efectivos policiales por cada cien mil habitantes, la menor cobertura a nivel nacional. Y la situación no mejora al mirar el resto de la cadena: el sistema penitenciario opera casi al triple de su capacidad, con más de 100 mil internos en espacios diseñados para poco más de 40 mil, mientras que uno de cada tres reclusos ni siquiera cuenta con sentencia. Es decir: tampoco aplicamos justicia con eficacia y rapidez.
El deterioro es también institucional. Hoy, apenas 13.8% de los peruanos declara confiar en la Policía, el nivel más bajo en más de una década, según datos de la Enaho. Esta desconfianza no surge de la nada: uno de cada cuatro ciudadanos ha sido víctima de un delito en el último año. La experiencia termina erosionando cualquier percepción de autoridad o control. Y este deterioro se extiende a otras instituciones clave. El Congreso, el Poder Judicial y la Comisión Anticorrupción también registran niveles de confianza mínimos. A ello se suma un dato particularmente preocupante: de acuerdo con la Enaho, más del 80% de los ciudadanos considera que existe poco o ningún respeto por la transparencia de las elecciones, lo que introduce un riesgo adicional sobre la percepción de legitimidad del próximo gobierno.
En este contexto, no sorprende que el debate presidencial repita las mismas soluciones de siempre: más policías, más cárceles o discutir la pena de muerte. Ninguna nueva ni con efectos inmediatos. El problema ya no es la falta de diagnóstico, sino la falta de capacidad para ejecutar soluciones articuladas. Lo urgente es reconstruir autoridad visible desde ya. Reforzar comisarías, fortalecer el trabajo de inteligencia, modernizar el equipamiento policial e impulsar mecanismos de coordinación territorial son pasos en la dirección correcta, pero su impacto dependerá de una capacidad institucional que hoy está claramente erosionada. No hay política de seguridad posible con un Estado en el que nadie cree y en eso debe trabajar el próximo gobierno electo.
Por eso, la inseguridad no puede entenderse solo como un problema de criminalidad. Es, sobre todo, el reflejo de un Estado que no logra organizarse, de instituciones que han perdido legitimidad y de autoridades que reaccionan más de lo que gobiernan. Mientras esa situación no cambie, el país seguirá atrapado en una dinámica conocida: más crimen, más temor ciudadano, más estados de emergencia, más frustración, y ningún resultado efectivo.