Una reciente investigación de Punto Final encendió las alarmas sobre los perfiles de varios candidatos que buscan integrar la próxima Cámara de Diputados. El informe revela desde videos con armas y denuncias por amenazas de muerte, hasta sentencias por hurto agravado y requisitorias vigentes que los partidos políticos no han filtrado.
El caso más cuestionado es el de Rolando Cueva García, candidato con el número 21 por Lima del partido Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto Montesinos. En imágenes difundidas por el dominical, se observa a Cueva, bachiller en Ingeniería Electrónica, empuñando un arma, apuntando y disparando a una víctima imaginaria. En otros clips, se le ve bebiendo cerveza mientras viaja en una camioneta en movimiento.
Sin embargo, lo más grave no son solo las imágenes. Cueva es gerente de Promayers Energy SAC, empresa que ha facturado más de 2.5 millones de soles con el Estado. De ese monto, 1.7 millones provienen de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde él fue alumno y miembro del Consejo Directivo.
En julio de 2023, un exalumno de la UNI lo denunció formalmente por amenazas de muerte. Según el testimonio policial, Cueva y sus amigos lo abordaron para exigirle que dejara de investigar los contratos de su empresa con la universidad o “él y su familia iban a pagar las consecuencias”. El denunciante afirmó que tomó en serio la amenaza precisamente por los videos de Cueva con armas en redes sociales.
Ante la solicitud de su descargo, Rolando Cueva envió un video alegando que el arma era un “encendedor tipo pistola” y que el video era de 2019, calificándolo como una “broma irresponsable en un espacio que creí seguro”. Sobre la denuncia por amenazas, se limitó a decir: “Yo no participé en nada... se trata de un conflicto entre otras personas”.
Debido al escándalo, Cueva anunció que declinaba a su candidatura. No obstante, como es de conocimiento público, el plazo para renunciar venció en febrero, por lo que su nombre y foto seguirán apareciendo en la cédula de votación e igual podría ser elegido.
Candidatos con sentencias por robo
El informe también puso al descubierto a otros tres candidatos con antecedentes por delitos contra el patrimonio que buscan llegar al Congreso:
- Diana Carhuamaca García (Partido Democrático Federal - Lima): Candidata con el número 1 por la lista de Armando Massé. Declaró en su hoja de vida una sentencia por hurto agravado. En 2018 fue señalada como “tendera” en una galería de San Juan de Lurigancho. Según la denuncia policial, se le encontró dentro de su bolso “vestidos y un pantalón” tras ser retenida por las vendedoras.
- Alessandra Olivera Sánchez (Cooperación Popular - Cusco): Actual presidenta del Comité Nacional de Disciplina del partido de Yonhy Lescano. Declaró una sentencia por hurto simple. En 2017 fue señalada por presuntamente “hurtar ropa de una azotea” en San Jerónimo, Cusco. La ropa, valorizada en mil soles entre polos y zapatillas, fue reconocida por la agraviada gracias a las cámaras de vigilancia.
- Segundo Ticlla (Fuerza Popular - Cajamarca): Exalcalde de Chota que postula a diputado. Tiene una condena de cuatro años de prisión suspendida por hurto agravado, sentencia que quedó firme en 2022. Además, en septiembre de 2024, fue intervenido por la policía en Chiclayo porque contaba con una “requisitoria vigente por el delito de falsedad ideológica”.
Sin duda, la falta de filtros no distingue ideologías. Con las listas ya cerradas y los plazos de renuncia vencidos, la última palabra la tendrá el ciudadano este 12 de abril frente a la cédula de votación.