El candidato presidencial Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, dejó abierta la posibilidad de designar a José Domingo Pérez como próximo ministro de Justicia en caso de llegar al gobierno. El excongresista calificó al exfiscal como “una persona valiente” y defendió su integridad profesional frente a las críticas que lo señalan como un fiscal politizado.
En una entrevista con el portal jurídico LP Pasión por el Derecho, Lescano afirmó que, aunque no ha sostenido conversaciones directas con José Domingo Pérez, considera que su perfil y trayectoria lo harían idóneo para liderar el Ministerio de Justicia. Para el candidato, la lucha contra la corrupción en el Estado peruano requiere de figuras con “honestidad y coraje”.
“[¿Usted llamaría como ministro a José Domingo Pérez?] Sí, es una persona valiente. Puede ser ministro de Justicia, es una persona hondada", mencionó.
En ese sentido, Lescano destacó que la presencia de un fiscal con experiencia en investigaciones anticorrupción fortalecería la institucionalidad del Ministerio de Justicia. “El doctor José Domingo Pérez ha enfrentado a muchas mafias sin temblarle la mano. Eso es lo que el país necesita en estos momentos”, manifestó.
“No hemos conversado, pero si el pueblo me da el mandato de ser presidente del Perú yo iría a conversar con él. Él sabe que siempre trato de defender las funciones que ha cumplido. Yo creo que es una persona valiosa para el Perú. Creo que es un hombre íntegro. Yo valoro mucho eso”, agregó.
La propuesta de Lescano se enmarca en su crítica a la actual Junta Nacional de Justicia, a la que acusa de haber sido “cooptada” por intereses políticos. En ese sentido, cuestionó la remoción de magistrados como Domingo Pérez, Delia Espinoza y sostuvo que la reforma de este órgano es una de sus prioridades legislativas. “Reformular la composición de la Junta Nacional de Justicia es esencial para que no se repitan decisiones arbitrarias que debilitan el sistema judicial”, afirmó.
¿Quién es José Domingo Pérez?
José Domingo Pérez Gómez es un abogado y exfiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios en Lima. Su trayectoria alcanzó notoriedad nacional por su labor al frente de investigaciones emblemáticas, incluyendo el caso Lava Jato y el “caso Cócteles”, en los que indagó el presunto financiamiento ilícito de campañas políticas. Reconocido tanto por su rigor procesal como por su exposición mediática, sus actuaciones generaron respaldo en sectores que valoran su independencia, pero también críticas sobre supuestos excesos y politización.
En marzo de 2026, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió, por unanimidad, no ratificarlo en el cargo tras una evaluación integral de su desempeño y conducta. Según informó la JNJ, el proceso —que revisó su gestión desde diciembre de 2011— incluyó el análisis de sus logros, investigaciones dirigidas, procesos disciplinarios y cuestionamientos públicos. Pérez Gómez obtuvo un puntaje de 94.487 en idoneidad técnica, pero la Junta señaló deficiencias en la estructuración de algunas acusaciones, citando como ejemplo la anulación por parte del Tribunal Constitucional de una de sus imputaciones por afectar el derecho de defensa de un acusado.
La decisión de la JNJ también consideró investigaciones disciplinarias abiertas, una medida cautelar de suspensión y la participación del fiscal en actividades académicas y digitales, algunas fuera del régimen de exclusividad fiscal. Se revisó además una investigación patrimonial por presunto enriquecimiento ilícito. Aunque Pérez Gómez sostuvo que los bienes fueron adquiridos legalmente y que la investigación fue archivada, la Junta incluyó este aspecto en su evaluación global.
Tras su retiro, José Domingo Pérez denunció públicamente que la resolución que lo aparta del Ministerio Público no es el resultado de una evaluación objetiva, sino una represalia por sus investigaciones en casos emblemáticos como Lava Jato y Cócteles. A través de su podcast Mejor con Domingo, sostuvo que la JNJ incurrió en manipulación de información y omisiones graves, señalando que la investigación patrimonial fue archivada mediante un auto de sobreseimiento del Poder Judicial y que esto no fue considerado debidamente por la Junta.
Anunció que presentará un recurso de nulidad ante la propia Junta y, posteriormente, una denuncia constitucional contra sus miembros, aunque aclaró que no lo hará ante el actual Congreso.