Otra vez con el REINFO pesquero, proyecto tras proyecto

El título promete orden. El contenido, sin embargo, recurre a una fórmula conocida al reincorporar a quienes quedaron fuera por no cumplir las reglas pese a haber tenido más de una oportunidad

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La harina de pescado impulsó las ventas al extranjero del sector pesca. Foto: Perú Info

En el tramo final de este Congreso, cuando la rendición de cuentas debería imponerse, reaparece una vieja fórmula con un nuevo nombre: flexibilizar la formalización. Esta vez, a través del Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, “Ley que fortalece el proceso de formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales en el marco del DL 1392”, impulsado por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, de Somos Perú.

El título promete orden. El contenido, sin embargo, recurre a una fórmula conocida al reincorporar a quienes quedaron fuera por no cumplir las reglas pese a haber tenido más de una oportunidad.

La propuesta plantea reincorporar al proceso de formalización a embarcaciones que no culminaron las etapas del Decreto Legislativo N° 1392, cuyo plazo venció en julio de 2023. Aunque se insiste en que no se trata de un nuevo proceso, en la práctica permite que quienes no cumplieron los requisitos vuelvan a intentarlo bajo nuevas condiciones.

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El Perú enfrenta hoy un desafío estructural en su pesca artesanal: una flota sobredimensionada, altos niveles de informalidad y una presión creciente sobre los recursos hidrobiológicos. Según las cifras del Ministerio de la Producción, más del 80% de los pescadores artesanales opera en condiciones informales. A ello se suma un dato crítico que alrededor del 44% de las embarcaciones inscritas en el proceso anterior no logró culminarlo.

Frente a este escenario, la iniciativa legislativa opta por ampliar el acceso en lugar de corregir las fallas del sistema, dejando de lado medidas necesarias como el uso de sistemas de seguimiento satelital para la flota existente.

Un informe de Oceana sobre la expansión de la flota pesquera artesanal en el Perú advierte que el crecimiento sostenido de embarcaciones ha ocurrido, en gran medida, fuera del control estatal, incrementando el esfuerzo pesquero y la presión sobre los recursos. En ese contexto, más embarcaciones no significan mayor desarrollo, sino menor rentabilidad y mayor riesgo de sobreexplotación. Pero entonces, ¿qué beneficia realmente este proyecto de ley?

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Como ya he señalado en columnas previas, el problema de fondo no es la falta de normas, sino la incapacidad de hacerlas cumplir. Desde 2012, el Estado restringió la construcción de nuevas embarcaciones para evitar la sobrepesca. Sin embargo, la fiscalización fue insuficiente y permitió la expansión informal de la flota y, con ello, de toda una cadena de ilegalidad, que incluye incluso astilleros que operan al margen de la ley y utilizan madera de origen ilegal.

Reabrir hoy el proceso sin haber resuelto ese déficit no corrige el problema: lo valida.

El proyecto incorpora medidas como sistemas de seguimiento satelital, la inmovilización en fondeaderos y la prohibición de operar sin permiso. Sin embargo, también introduce decisiones preocupantes, entre ellas la suspensión temporal de la aplicación del Decreto Legislativo N°1393 hasta 2030 para determinadas embarcaciones, así como un mecanismo de lista de espera que permite acceder a permisos mediante el reemplazo de otros caducos.

En otras palabras, se flexibiliza el sistema sin garantizar su cumplimiento efectivo.

Más aún, el propio Ministerio de la Producción ha advertido que la incorporación de un número indeterminado de embarcaciones requiere evaluar su impacto en el esfuerzo pesquero y en el estado de los recursos. Sin esa evaluación, cualquier ampliación del sistema se convierte en una apuesta riesgosa para nuestros recursos marinos.

El paralelismo con otros sectores es evidente. Cuando los procesos de formalización se extienden indefinidamente, dejan de ser herramientas de ordenamiento y se convierten en incentivos perversos. El mensaje implícito es claro, el incumplir no tiene consecuencias permanentes.

El Perú necesita formalizar y ordenar su pesca artesanal, sí. Pero hacerlo exige límites firmes y, sobre todo, capacidad de control. No mecanismos que, bajo el discurso de inclusión, terminen ampliando el problema que buscan resolver, depredando nuestros recursos y beneficiando solo a unos pocos.

Y el costo, como siempre, lo paga el mar.

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