El empresario José Gallo, aspirante a la Cámara de Diputados por Renovación Popular en Áncash, fue protagonista de dos incidentes de tránsito en el mismo año, uno de ellos con resultado fatal para una anciana, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.
El programa reportó que el candidato del partido encabezado por el exalcalde Rafael López Aliaga tiene dos sentencias firmes por delitos culposos vinculados a accidentes de tráfico ocurridos en 1999. Ninguna de estas condenas figura en su hoja de vida, ya que la legislación actual no exige a los aspirantes declarar antecedentes por delitos no dolosos.
La sobreviviente del primer caso fue Alejandra Linares, quien resultó con heridas graves y secuelas físicas hasta la fecha. “Aún están las marcas en mi cuerpo. Me embistió con la camioneta donde manejaba y a consecuencia de eso, el timón de la bicicleta en donde yo estaba se incrustó en mi lado derecho. Aún tengo las cicatrices”, afirmó.
Por este hecho, Gallo recibió tres años de prisión suspendida y la obligación de pagar dos mil soles, pese a que intentó darse a la fuga, de acuerdo con el testimonio de la víctima. “Si no fuera por un taxista que pasaba y que vio el accidente, lo retuvo llamando a la policía”, sostuvo.
El empresario indicó que trasladó a la afectada a un hospital y cumplió parte de la reparación civil. “Di más de mil soles en aquella época (...) Eso quedó ahí”, mencionó. Ese mismo año, Gallo atropelló a una mujer mayor que barría en la vía pública y falleció luego del impacto.
El propio aspirante reconoció su responsabilidad en este hecho. “Fue una señora que sí estaba barriendo la pista en aquella época. Fue un accidente, nadie quiere hacer daño a nadie. Sí, ocurrió, pero tampoco me pedían que lo consigne, así que tampoco lo consigné”, declaró. Como consecuencia, enfrentó cargos por homicidio culposo.
Gallo, quien suma otras dos sentencias civiles, una de ellas por incumplimiento de pensión alimenticia, integra la lista de 15 candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino con condenas firmes dentro de la agrupación que lidera López Aliaga.
Otros casos
El abogado John Rivas, miembro de una asociación cristiana con aspiraciones al Senado, registra cinco sentencias civiles por deudas impagas, aunque afirmó a Cuarto Poder que nunca fue “sentenciado por ningún tipo de delito”.
En 2008, la justicia le ordenó pagar 25 mil soles a un tercero; en 2018, 490 soles a la Municipalidad Provincial de Requena; en 2019, 56 mil 350 soles a una entidad financiera; en 2020, 20 mil soles a un banco y en 2021, otra deuda pendiente.
“Tengo la formación moral. Yo soy evangélico, soy cristiano. No quiere decir que todos los evangélicos son santos ni que sea santo”, expresó. Según el reportaje, el Ministerio Público lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito debido al incremento de su patrimonio mientras era funcionario del Gobierno Regional de Loreto, lo que motivó que el Poder Judicial ordenara levantar su secreto bancario.
Rivas figura, además, en un proceso ante el Tribunal Constitucional acusado de utilizar títulos universitarios falsos emitidos por una universidad inexistente que dirigía. El TC declaró infundado su pedido de anulación de la investigación.
En 2018, su entonces conviviente lo denunció por violencia, ya que, según el parte policial, le negó la patria potestad de sus hijos, intentó abusar de ella y la agredió físicamente. “Está archivado totalmente a nivel de etapa fiscal, no se ha concretizado más allá”, respondió.
Ha sido el único candidato respaldado por el partido, que difundió un comunicado indicando que, si bien fue investigado, no existen “sentencias ni responsabilidades penales”.
“Por ello, los Jurados Electorales Especiales lo ha declarado apto para participar en las Elecciones Generales 2026, conforme a la ley”, comunicó la agrupación.
Otro caso abordado por el programa es el de Raúl Pinedo, odontólogo y aspirante a una curul por Cajamarca. Su asesor de campaña es su padre, exalcalde sentenciado a siete años de prisión por colusión agravada, quien lo apoya desde la clandestinidad.
Pinedo registra dos sentencias por incumplimiento de pago de pensión alimenticia en 2017 y 2020. Además, enfrenta una denuncia policial por violencia familiar. En marzo de 2016, la madre de uno de sus hijos denunció que el candidato la insultó y la agredió físicamente cuando solicitó ayuda económica para útiles escolares. También acumula dos infracciones de tránsito.