La crisis energética que atraviesa el Perú no es solo un problema del sector hidrocarburos, es en realidad una advertencia sobre la fragilidad con la que sostenemos nuestra vida cotidiana. Cuando se interrumpe el suministro de gas natural, suben los combustibles, se encarece el transporte y se tensiona el precio del balón de gas, lo que está en juego no es únicamente la movilidad o el costo de la energía, también está en riesgo la seguridad alimentaria de millones de hogares.
El propio Ministerio de Energía y Minas ha reconocido que el país enfrenta una de las crisis energéticas más complejas de las últimas dos décadas, y esta situación no solo compromete el abastecimiento y el costo de la energía, sino que también genera impactos directos en la alimentación, demostrando que la nutrición no depende únicamente de elecciones individuales. Depende también de infraestructura, energía, logística, regulación de mercados y de la capacidad del Estado para anticipar y responder a escenarios críticos. Un país que no protege sus sistemas de transporte energético ni asegura mecanismos de contingencia para el abastecimiento alimentario deja expuesta la alimentación de su población a crisis que golpean con mayor fuerza a quienes menos tienen.
La situación es aún más delicada cuando observamos lo que ocurre dentro de los hogares. Se ha verificado que el balón de gas doméstico ha llegado a costar incluso hasta 50% más que antes, no solo por el aumento de la demanda, sino también por la especulación. Además, se proyecta que más de 8 millones de hogares podrían verse afectados por la escasez de gas en los próximos días. Para una familia de ingresos ajustados, esto no es solo una incomodidad, sino una presión directa sobre su posibilidad de cocinar, hervir agua, preparar alimentos frescos o sostener una dieta mínimamente adecuada. La crisis energética, por tanto, no solo encarece la oferta alimentaria; también encarece el acto mismo de cocinar.
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Y este impacto ocurre en un Perú donde la Defensoría del Pueblo ha advertido deficiencias en la gestión y distribución de alimentos en comedores populares y ollas comunes, y donde supervisiones recientes alcanzaron a más de 200 mil usuarios de estos espacios de soporte alimentario. Además, la propia Defensoría recuerda que la pobreza monetaria afectó al 27,6% de la población en 2024. En ese contexto, cualquier incremento en energía o transporte puede convertirse rápidamente en más hambre, más precariedad y más dependencia de respuestas comunitarias que ya están sobrecargadas.
Lo más preocupante no es solo la crisis, sino lo que esta deja al descubierto: una clase política que sigue tratando la alimentación como un tema secundario, cuando en realidad está profundamente atravesada por decisiones energéticas, económicas y territoriales. Frente a ello, el Estado no puede seguir reaccionando tarde, de manera desarticulada y sin asumir responsabilidades claras. Se necesita una respuesta inmediata que proteja tanto a los hogares, además de los espacios comunitarios de alimentación, como las ollas comunes y comedores populares, que cada día hacen esfuerzos enormes para cocinar y alimentar a decenas de personas.
Eso implica garantizar el abastecimiento oportuno de gas y combustibles, evitando la escasez, implementar una fiscalización real y oportuna por parte de las autoridades competentes para evitar especulación del precio del gas natural. Asimismo, necesitamos una política de seguridad alimentaria que deje de actuar solo cuando la crisis estalla y que articule energía, transporte, abastecimiento, protección social y nutrición como parte de una misma estrategia nacional.
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Hablar de alimentación no es hablar únicamente de lo que llega al plato. Es hablar de cómo se mueve el país, de cuánto cuesta cocinar, de qué tan presente está el Estado y de a quién decide proteger primero. Si de verdad queremos un país más justo, la alimentación debe dejar de ser tratada como un problema accesorio y pasar a ser reconocida como una prioridad política. Porque defender la seguridad alimentaria también es defender la vida cotidiana, la salud y la dignidad de nuestro pueblo.