La abogada Valeria Cabrera Merino, representante de las denunciantes en el caso contra el sacerdote Marco Agüero Vidal, anunció que solicitará al Ministerio Público la prisión preventiva del religioso, quien permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones por presuntos tocamientos indebidos a cinco mujeres durante el sacramento de la confesión. La detención preliminar de siete días dictada por la fiscalía vence este jueves, por lo que la defensa de las víctimas busca evitar la excarcelación del acusado mientras continúan las diligencias.
En declaraciones recogidas por RPP, Cabrera Merino explicó que la medida cautelar es una prioridad para la parte denunciante: “La prisión preventiva es un objetivo que también tenemos pautado y además, que se siga, con el proceso correspondiente. Pero, obviamente, asegurándonos, que haya también una prisión preventiva. Igual, como te digo, tenemos que seguir con los procedimientos, pero sí es definitivamente que es un objetivo que tenemos”.
El Ministerio Público ha solicitado además la incautación de equipos telefónicos del sacerdote investigado. Tres de las denunciantes ya declararon en cámara Gesell y las otras dos realizan el mismo procedimiento este lunes, 9 de marzo.
Mientras tanto, Agüero Vidal permanece en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Borja, donde fue trasladado tras su detención el jueves 5 de marzo.
El comunicado del Arzobispado de Lima
Después de que el caso se conociera públicamente y para intentar contener el escándalo, el Arzobispado de Lima publicó un comunicado en el que relata los pasos adoptados desde la recepción de la primera denuncia formal contra el sacerdote. El documento señala que el 11 de diciembre de 2025 un funcionario de la Curia Arquidiocesana recibió una carta firmada por varios fieles, con cuatro anexos y un total de 29 páginas, donde se acusaba a Agüero Vidal de comportamientos problemáticos, entre ellos “tocamientos no consentidos” durante el contexto de la confesión contra tres personas, una de ellas menor de edad.
La denuncia fue derivada a la Comisión de Escucha de la arquidiócesis, en cumplimiento de los protocolos establecidos para casos de abusos en la Iglesia. El comunicado detalla que, pese al cierre administrativo de la Curia por las fiestas navideñas, el 26 de diciembre se transmitió la denuncia al Ordinario de Lima, quien dispuso un primer juicio de verosimilitud y ordenó una investigación, además de imponer ese mismo día un remedio penal con carácter formal. Antes de viajar a Roma el 4 de enero de 2026, el cardenal Carlos Castillo delegó la investigación previa a un colaborador, siguiendo lo dispuesto por el derecho canónico.
De acuerdo con el texto del Arzobispado, tras el regreso del arzobispo a Lima el 24 de febrero, se reforzaron las medidas cautelares sobre Agüero Vidal. La Iglesia manifestó su solidaridad con las víctimas y su disposición a colaborar con las autoridades judiciales estatales para esclarecer los hechos.
Los antecedentes y el desarrollo judicial del caso
Como se recuerda, la investigación contra Agüero Vidal se inició formalmente luego de que cinco jóvenes, tres de ellas menores de edad, lo denunciaran por tocamientos indebidos durante el sacramento de la confesión, en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, ubicada en el distrito limeño de San Borja.
La detención preliminar del sacerdote fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer para evitar riesgo de fuga y asegurar el desarrollo de las diligencias. El arresto se produjo el jueves 5 de marzo, cuando Agüero Vidal fue trasladado al Depincri de San Borja. Los padres de algunas denunciantes habían acudido días antes a la parroquia para exigir explicaciones.
Como parte de la investigación, la fiscalía requirió que todas las denunciantes pasaran por cámara Gesell y pruebas psicológicas, además de solicitar una prueba anticipada ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, con el fin de asegurar los testimonios antes de un eventual juicio.
Molestia por la versión eclesiástica
La abogada de las denunciantes cuestionó la versión presentada por el Arzobispado de Lima sobre las acciones adoptadas tras recibir la denuncia.
Según señaló Valeria Cabrera Merino a Perú 21, la información difundida por la institución eclesiástica no reflejaría completamente lo ocurrido en el manejo del caso.
“La información que el Arzobispado ha colocado es inexacta. El acto que rebate completamente su comunicado es que el padre recién salió de la parroquia a raíz de este escándalo, cuando ellos tenían conocimiento desde el año pasado”, afirmó.
Las declaraciones de la abogada contradicen la explicación oficial del Arzobispado, que sostiene que los anexos con testimonios de las presuntas víctimas no habrían sido enviados a todos los destinatarios de la denuncia inicial.
Mientras tanto, la investigación continúa tanto en la vía judicial como en el ámbito canónico. Las autoridades buscan determinar si existieron actos de abuso sexual y establecer las responsabilidades correspondientes.