Perú es un país eminentemente marítimo. Su costa se extiende por 3.080 kilómetros y a lo largo de ella se concentran centros productivos pesqueros, puertos y desembarcaderos que, correctamente articulados, podrían constituir una red logística de gran eficiencia no solo para actividades comerciales, sino también para enfrentar emergencias climáticas como el Fenómeno de El Niño.
El cabotaje, entendido como el traslado de carga y pasajeros por vía marítima entre puertos nacionales, constituye una alternativa más económica, rápida y sostenible frente al transporte terrestre, particularmente en regiones donde las carreteras son vulnerables o se ven interrumpidas por lluvias, inundaciones o desbordes. Durante los eventos extremos de El Niño Costero en años anteriores, la experiencia práctica confirmó esta capacidad.
En el 2016, cuando las carreteras del norte colapsaron —especialmente en Piura y Tumbes—, el transporte marítimo se convirtió en la única alternativa real junto con el aéreo. Los muelles del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y otros puntos de embarque se transformaron en centros de acopio de víveres: agua embotellada, enlatados, medicinas, entre otros. Las embarcaciones pesqueras, realizaron en aproximadamente dos meses cerca de 48 viajes, transportando hasta 120 toneladas por lancha, casi cuatro veces la capacidad de un avión Hércules.
Esta experiencia demostró que el cabotaje no es teoría. Es una capacidad probada, que podría replicarse y ampliarse si existiera inversión en infraestructura y protocolos logísticos permanentes. Sin embargo, los cuellos de botella persisten. Muchos muelles no cuentan con calado suficiente, carecen de grúas y de personal capacitado para descargar rápidamente, lo que limita la eficiencia y la continuidad operativa. El caso del atún, cuya descarga podría haberse realizado en Perú pero terminó realizándose en Manta, Ecuador, ilustra cómo la falta de infraestructura concreta representa oportunidades económicas perdidas.
Actualmente, el FONDEPES administra 19 Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPAs) y 6 centros de acuicultura, según su Memoria Anual 2023. Esta infraestructura, además de servir a la pesca artesanal, puede integrarse en una estrategia de cabotaje de emergencia, conectando puertos secundarios con hubs mayores como el Callao o el recientemente inaugurado puerto de Chancay. Incorporar estos muelles dentro de un plan nacional de cabotaje preventivo permitiría movilizar víveres, insumos y mercancías críticas sin depender exclusivamente del transporte terrestre.
La reciente Ley de Cabotaje abre nuevas posibilidades al permitir que tanto empresas nacionales como extranjeras participen en el transporte de carga entre puertos peruanos. Esta normativa no solo elimina barreras de participación, sino que genera incentivos para la modernización de la infraestructura portuaria, la innovación tecnológica y la competitividad logística. Además, favorece a más de 6.000 mypes regionales con vocación exportadora, al ofrecerles alternativas más económicas y sostenibles frente al transporte terrestre tradicional.
No obstante, la normativa por sí sola no basta. Es imprescindible complementar la Ley con inversión en profundización y mantenimiento de muelles, protocolos claros de descarga y coordinación entre autoridades, así como articulación con la industria privada. La combinación de experiencia operativa, infraestructura existente y nuevas reglas de cabotaje puede transformar la costa peruana en una red marítima interna eficiente, capaz de garantizar abastecimiento en emergencias y potenciar el comercio regional.
En un país expuesto a fenómenos climáticos extremos, el cabotaje deja de ser una mera alternativa logística y se convierte en una herramienta estratégica de integración territorial, eficiencia y resiliencia económica. Si queremos que la respuesta ante el próximo Niño Costero no dependa de la improvisación, debemos invertir en infraestructura, consolidar la red de muelles y convertir el cabotaje en un pilar real de la logística nacional. Solo así, en lugar de vernos limitados por carreteras interrumpidas, podremos aprovechar plenamente nuestro litoral y asegurar la continuidad de la actividad económica, el comercio exterior y la atención a las poblaciones más vulnerables.