El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el debate presidencial 2026 será una instancia estrictamente presencial, lo que deja a Vladimir Cerrón, candidato de Perú Libre y actual prófugo de la justicia, ante la disyuntiva de salir de la clandestinidad si desea participar. El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que el reglamento aprobado por consenso entre las organizaciones políticas excluye cualquier posibilidad de intervención virtual y prohíbe el reemplazo por parte de integrantes de la fórmula vicepresidencial.
El debate, que se desarrollará en dos jornadas, tendrá lugar entre el 23 y el 25 de marzo, y posteriormente el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, en el Centro de Convenciones de Lima. Según el sorteo oficial realizado por el JNE, Perú Libre deberá intervenir el 24 de marzo, dentro del Grupo II, junto a otras agrupaciones como Juntos por el Perú, Somos Perú y Fuerza y Libertad. Cada jornada contará con la participación de 12 candidatos, organizados en bloques de tres, quienes presentarán sus propuestas ante la ciudadanía a partir de las 20:00 horas.
La estructura del debate contempla cuatro bloques. En el primero, los aspirantes dispondrán de un minuto para exponer sus propuestas y dos minutos y medio para comentarios y preguntas cruzadas. El segundo bloque dará protagonismo a la ciudadanía, ya que se trasladarán preguntas recogidas en diversas regiones del país, con un minuto y medio para las respuestas. El tercer segmento abordará un eje temático clave, mientras que el cuarto permitirá un mensaje final de un minuto por candidato.
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El debate del 24 de marzo estará enfocado en seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, integridad pública y combate a la corrupción. En la segunda jornada, los temas girarán en torno al empleo, desarrollo y emprendimiento, además de educación, innovación y tecnología. La transmisión oficial será realizada por JNE Media y contará con la moderación de Tatiana Alemán y Pedro Tenorio, garantizando acceso público a la discusión de propuestas.
La condición impuesta por el JNE coloca a Vladimir Cerrón en una situación límite, ya que sobre él pesa una orden de prisión preventiva por presunto lavado de activos y organización criminal. Según la autoridad judicial, su permanencia en la clandestinidad impide que cumpla con los requisitos exigidos para el debate presidencial, y el reglamento del proceso electoral no contempla excepciones para casos de candidatos investigados o con mandato judicial pendiente.
En días previos, Cerrón manifestó su desacuerdo con la obligación de asistir presencialmente, calificando la medida como un “precedente nefasto en la era de la democracia digital”. En sus redes sociales, el líder de Perú Libre sostuvo: “El pueblo tiene el derecho a conocer nuestras propuestas” y solicitó que se le permita participar mediante videoconferencia. No obstante, el presidente del JNE reiteró que la presencialidad es una condición “inexorable” y que el reglamento vigente impide cualquier modalidad remota o delegación en otro miembro de la fórmula presidencial.
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El organismo electoral enfatizó que el objetivo de la presencialidad es garantizar la igualdad de condiciones entre todos los postulantes y fortalecer la transparencia del proceso. La dinámica presencial, argumentó Burneo, permite un intercambio directo entre los candidatos y otorga a la ciudadanía la posibilidad de evaluar no solo las propuestas, sino también la capacidad de respuesta y el temple de quienes aspiran a la jefatura del Estado. El principio de igualdad, agregó, es fundamental para evitar privilegios o interpretaciones particulares de la normativa.
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