Víctor Pariona, abogado del nuevo presidente José Balcázar, confirmó que los fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque fueron depositados en cuentas personales del jefe de Estado durante el periodo en que este ejerció como decano de dicha institución entre 2019 y 2020, hecho que forma parte del proceso judicial que afronta por presunta apropiación ilícita. El letrado sostuvo que la apertura de esas cuentas respondió a circunstancias administrativas internas que impedían operar con normalidad los fondos institucionales.
“Fue por un tema administrativo”, declaró el abogado en entrevista con RPP, al explicar que existían conflictos con funcionarios encargados del manejo financiero. Según detalló, la cuenta oficial del colegio era mancomunada y requería aprobación conjunta del decano y de la directora de Economía, quien —según su versión— se negaba a autorizar determinadas operaciones, lo que habría generado un bloqueo en la gestión económica.
Pariona también se refirió a la situación procesal de su defendido y afirmó que su cargo no le impide acudir al juicio oral programado para el 16 de junio. “Sí, [su cargo] no le impide. Es más, él ha estado presente en todas las citaciones, audiencias y declaraciones en donde se le ha emplazado”, indicó, aunque precisó que todavía no puede confirmar si asistirá a la audiencia inicial porque “es muy pronto para señalar y afirmar que él se va a presentar”.
Argumentos de la defensa
El abogado afirmó que las cuentas fueron abiertas específicamente para administrar recursos institucionales y no correspondían a cuentas personales previas. “La finalidad de estas cuentas eran, precisamente, evitar la paralización de las gestiones del Colegio de Abogados de Lambayeque”, señaló para el citado medio, añadiendo que los fondos recaudados se utilizaron para actividades académicas, administrativas y operativas de la entidad.
Asimismo, sostuvo que el dinero fue devuelto a la institución, aunque reconoció que no se formalizó un acta de entrega. “Sí se devolvió el dinero”, manifestó. Explicó que la ausencia de documentación formal no obedeció a una decisión personal de su patrocinado, sino a problemas internos surgidos después de su gestión. “Se puede ver el desorden administrativo que hubo en aquella época”, agregó.
En esa línea, afirmó que tras la salida de su defendido se produjo una situación irregular dentro del colegio, ya que —según dijo— una tercera persona se habría autonombrado decano, lo que generó mayor inestabilidad institucional. También sostuvo que en el expediente existe un informe pericial que concluye que no hubo perjuicio económico para la institución. “En autos se puede advertir incluso este dinero a qué gestiones fueron destinados”, indicó a RPP.
Acusación fiscal y montos observados
La investigación del Ministerio Público, a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo, sostiene que durante la gestión del entonces decano se aperturaron dos cuentas personales en la Caja Municipal Trujillo donde se depositaron ingresos institucionales provenientes de colegiaturas, cuotas ordinarias, fondo mortuorio y otros pagos realizados por agremiados, en lugar de ingresarlos a las cuentas oficiales del colegio, pese a requerimientos formales para su entrega.
El informe pericial contable incluido en la acusación fiscal detalla que en una de las cuentas abiertas en 2019 se registraron depósitos en efectivo por S/ 110.763,10, retiros en efectivo por S/ 27.500, retiros mediante órdenes de pago por S/ 74.921 y gastos financieros por S/ 10,15, quedando un saldo de S/ 8.345,67 al cierre de ese año.
En 2020, la misma cuenta reportó depósitos en efectivo por S/ 505.258,17, intereses por S/ 108,36, retiros en efectivo por S/ 62.920, retiros mediante órdenes de pago por S/ 429.715 y gastos financieros por S/ 274,43, quedando un saldo de S/ 12 .460,10 al 31 de diciembre. Según la Fiscalía, ese saldo fue retirado el 2 de enero de 2021 y la cuenta fue cancelada “sin haberse determinado el destino del importe por no contar con acta de entrega”.
Denunciantes y situación legal en curso
La denuncia que originó el caso fue presentada por autoridades internas de la institución, entre ellas Rosa Pizarro Piscoya y Yuri Diaz Jaime, quienes solicitaron formalmente la entrega del dinero recaudado. El Ministerio Público sostiene que esos requerimientos no fueron atendidos oportunamente, por lo que considera que existen montos cuyo destino no ha sido justificado y que el investigado debe ser juzgado en calidad de autor.
La Fiscalía afirma que el entonces decano recibió directamente ingresos institucionales que no depositó en las cuentas oficiales del colegio conforme establecía el estatuto. En esa línea, sostiene que la existencia de saldos sin sustento documentario constituye un elemento central de la imputación penal.
Por su parte, la defensa sostiene que el caso responde a una controversia administrativa y no a un acto de apropiación indebida. Además, precisó que su patrocinado no fue expulsado del colegio profesional, sino únicamente destituido del cargo de decano, por lo que —según afirmó— mantiene la posibilidad de ejercer la profesión.