El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparency International, vuelve a encender una señal de alerta. Perú obtuvo 30 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 127 de 182 economías evaluadas. Retrocedemos en el ranking. Más allá de la cifra, el resultado refleja debilidades institucionales persistentes y una percepción de corrupción que erosiona la confianza ciudadana, debilita la credibilidad del Estado y limita nuestra capacidad para atraer inversiones.
Un país con bajo desempeño en este indicador enfrenta mayores dificultades para articular políticas públicas eficaces. La corrupción no solo distorsiona la asignación de recursos; también mina la predictibilidad, elemento esencial para el desarrollo sostenible. Y cuando la predictibilidad se erosiona, se encarece el financiamiento, se postergan decisiones de inversión y se ralentiza el crecimiento.
A este panorama se suma nuestra inestabilidad política crónica. La reciente censura del presidente José Jerí y la elección de un nuevo jefe de Estado nos llevan a una cifra preocupante: el Perú sumará ocho presidentes en diez años. Pero el problema no termina allí. En ese mismo periodo hemos tenido 16 ministros de Economía. ¿Qué señal de estabilidad o continuidad puede ofrecer un país que cambia constantemente a quien conduce su política fiscal, tributaria y de promoción de inversiones?
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La economía peruana crece hoy en torno al 3%, fundamentalmente por el empuje del empresariado y el esfuerzo de las familias. Crece pese a la incertidumbre, no gracias a la estabilidad política. Sin embargo, podría crecer mucho más si existiera continuidad en el manejo de las políticas públicas orientadas a cerrar brechas, ejecutar infraestructura pendiente y destrabar grandes proyectos de inversión. La falta de consistencia en la conducción económica posterga decisiones estratégicas y afecta nuestra reputación ante inversionistas locales y extranjeros.
El caso del Ministerio del Interior resulta aún más dramático. En diez años hemos tenido 27 ministros. Luego nos preguntamos por qué la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas. ¿Qué estrategia de corto, mediano o largo plazo puede consolidarse con semejante rotación? Combatir la delincuencia y el crimen organizado requiere planificación sostenida, articulación interinstitucional y liderazgo firme. Sin continuidad, no hay política pública eficaz.
En medio de esta fragilidad institucional, no faltan voces que intentan “pescar a río revuelto”. Algunos sostienen que todo se resolvería con una nueva Constitución. Pero el trasfondo de ese discurso apunta a reinstalar un modelo en el que el Estado vuelva a desempeñar un rol empresarial protagónico. La experiencia histórica demuestra que ese “Estado empresario” no trajo prosperidad ni eficiencia, sino mayores déficits, servicios públicos deficientes y un entorno económico que terminó agravando tensiones sociales.
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El desafío del Perú no es retroceder hacia esquemas que ya fracasaron, sino fortalecer su institucionalidad, recuperar la estabilidad política y garantizar reglas claras. Sin estabilidad ni predictibilidad, y con una percepción de corrupción elevada, el riesgo es evidente: estancarnos mientras otros países avanzan.
La precariedad institucional se ha convertido en nuestro pan de cada día. O corregimos el rumbo y apostamos por continuidad, profesionalismo y responsabilidad fiscal, o seguiremos acumulando presidentes, ministros y oportunidades perdidas. El crecimiento sostenible no se decreta; se construye con instituciones sólidas y políticas públicas consistentes en el tiempo.