Perú atraviesa nuevamente una crisis política tras la destitución de José Jerí como presidente, un hecho que marca la salida del séptimo mandatario en apenas una década. La decisión fue tomada por el Congreso de la República, que en una sesión extraordinaria aprobó por mayoría la censura y vacancia del jefe de Estado después de solo 130 días en el cargo.
La medida respondió a múltiples cuestionamientos sobre la ética, la idoneidad y la conducta del presidente, quien quedó envuelto en una sucesión de escándalos que incluyeron presunto tráfico de influencias, contrataciones irregulares y una crisis de legitimidad detonada por el caso conocido como Chifagate.
Durante una maratónica sesión que se extendió desde las 10:00 hasta pasadas las 14:20, el Pleno del Congreso resolvió aprobar la moción de censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Siete mociones de orden del día, presentadas por bancadas de todo el espectro político, fundamentaron la incompatibilidad de Jerí con la investidura presidencial y subrayaron la gravedad de las faltas éticas y funcionales atribuibles a su gestión.
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Los argumentos incluyeron la falta de transparencia, el aprovechamiento indebido del cargo, reuniones clandestinas con empresarios vinculados al Estado y denuncias sobre la adjudicación de contratos a personas allegadas.
La caída de Jerí se vio acelerada por el rápido deterioro de su popularidad y la presión institucional generada por la apertura de investigaciones fiscales y de la Contraloría. El contexto de rechazo ciudadano, junto con la acumulación de denuncias y la percepción generalizada de corrupción, selló el destino político de un presidente cuya permanencia resultó insostenible ante el Congreso.
Chifagate como detonante principal de la destitución presidencial
Los escándalos de tráfico de influencias y corrupción se ubicaron en el centro de las siete mociones de censura aprobadas en el Congreso. Varias de estas mociones, como la presentada por la congresista Ruth Luque Ibarra, citaron específicamente las reuniones clandestinas de Jerí con empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong como fundamento para la censura, señalando que estos encuentros constituyeron una incompatibilidad con la investidura presidencial. Luque Ibarra argumentó que el mandatario habría incurrido en tráfico de influencias al mantener contactos no institucionales con proveedores del Estado, lo que derivó en la apertura de investigaciones fiscales.
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El legislador Elías Varas Melendez, en otra moción, subrayó la exigencia de idoneidad ética y conducta pública irreprochable para ejercer la presidencia. Señaló que las reuniones sin registro oficial con empresarios con intereses económicos directos en el Estado descalificaban a Jerí para el cargo, una postura que fue respaldada por 69 votos a favor en el Congreso.
La moción de Jaime Quito Sarmiento añadió que, además de las reuniones irregulares, existía una contratación sistemática y sin concurso de allegados al círculo del presidente, agravando la percepción de tráfico de influencias. Otros parlamentarios, como Edward Málaga Trillo y Esdras Medina Minaya, sumaron argumentos sobre inconducta funcional grave, visitas de personajes con carpetas fiscales a Palacio y aprovechamiento indebido del cargo para beneficiar a personas vinculadas a Jerí.
Las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría, junto a la revelación de pagos y transferencias sospechosas, consolidaron la percepción de que Jerí había ejercido el poder de manera clandestina y en favor de intereses particulares, apartándose de los principios de transparencia y probidad exigidos por la Constitución. Las siete mociones, acumuladas por tratarse de materia similar, obtuvieron el respaldo de la mayoría parlamentaria y sellaron la salida anticipada del presidente.
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Contrataciones irregulares, otra de las razones centrales en la censura de José Jerí
Otro factor clave señalado en las mociones de censura fue el caso Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) y las contrataciones irregulares en el Poder Ejecutivo. Las bancadas impulsoras de la censura resaltaron que Jerí utilizó este mecanismo, destinado a perfiles técnicos de alto nivel, para incorporar a jóvenes allegadas sin experiencia previa en la administración pública. La moción de Jaime Quito Sarmiento, por ejemplo, vinculó directamente la contratación de estas personas con las reuniones irregulares mantenidas por el presidente, subrayando la gravedad de aprovechar el cargo en beneficio propio.
La Contraloría General de la República solicitó expedientes y comprobantes de pago de los contratos, mientras reportajes periodísticos y registros oficiales documentaron la existencia de hasta catorce beneficiarias sin cumplir los perfiles técnicos requeridos. El caso más visible fue el de una ingeniera ambiental que, tras visitas nocturnas a Palacio, obtuvo contratos en EsSalud y el Ministerio del Ambiente.
En el Congreso, la reiteración de estos hechos fue considerada una inconducta funcional grave. El aprovechamiento indebido del cargo, la falta de transparencia en los procesos de contratación y la apertura de investigaciones fiscales por delitos contra la administración pública reforzaron los argumentos para la destitución. La gravedad de estas acciones, señaladas en varias de las mociones acumuladas, consolidó la percepción de que Jerí había vulnerado los principios éticos y legales que exige el ejercicio del poder presidencial.
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