Logran incautación de maquinaria utilizada para procesar minerales ilegalmente en Pataz. La acción fue ejecutada por la Fiscalía Ambiental tras una intervención policial que dejó dos personas detenidas en flagrancia y evidenció el riesgo de contaminación en una zona cercana al río Parcoy, uno de los afluentes que atraviesan esta provincia golpeada por la expansión de economías ilegales.
La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de La Libertad, a cargo de la fiscal provincial Patricia Viviana Ponce Saavedra, logró la incautación de molinetes artesanales, balanzas, sopletes, hornos rústicos y otros equipos utilizados para el procesamiento ilícito de minerales.
El operativo se realizó en un inmueble ubicado en las inmediaciones del río Parcoy, en el distrito y provincia de Pataz, una zona considerada vulnerable por su cercanía a cuerpos de agua y por el impacto ambiental que generan estas actividades ilegales.
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Detenidos en flagrancia e investigación en curso
Durante la intervención policial fueron detenidos en flagrancia los ciudadanos J. A. H. P. (30) y F. R. J. (25). A partir de las evidencias halladas en el lugar, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra ambos por los presuntos delitos de minería ilegal y tráfico ilícito de minerales provenientes de esta actividad.
En la diligencia fiscal también se encontraron bolsas con contenido mineral en broza y residuos mineros, lo que reforzó la hipótesis de una operación activa de procesamiento ilegal.
Riesgo de contaminación ambiental
Las autoridades advirtieron que la ubicación del predio intervenido representa un riesgo significativo de contaminación ambiental, debido a la cercanía con el río y a la presencia de residuos mineros. Por esta razón, se dispuso la retención de todos los enseres y equipos utilizados en la actividad ilícita, como medida preventiva frente a posibles daños al ecosistema local.
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Desde la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental se reafirmó el compromiso de continuar con la persecución penal de los delitos ambientales, en especial aquellos vinculados a la minería ilegal, en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales del país.
Minería ilegal y extorsión en aumento en La Libertad
La intervención ocurre en un escenario marcado por el avance sostenido de las economías ilegales en la región La Libertad. Entre 2019 y 2025, las denuncias por extorsión y minería ilegal crecieron de manera exponencial, mientras que el presupuesto destinado a enfrentar la inseguridad pública se redujo en 60,7% para 2026, según registros del Ministerio Público analizados por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
De acuerdo con esta información, el presupuesto regional ejecutado en 2025 alcanzó los S/ 741 millones, pero para 2026 cayó a S/ 292 millones. El recorte responde, principalmente, a la exclusión de proyectos que no superaron el 90% de avance en 2025 y que estaban orientados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, como mejoras en serenazgo, infraestructura de vigilancia y adquisición de tecnología en provincias como Otuzco, Virú, Trujillo y Pataz.
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El impacto territorial de la violencia
La violencia asociada al control y comercialización ilegal de oro quedó en evidencia a inicios de 2026, cuando se logró el rescate de veintinueve trabajadores que permanecían retenidos por redes criminales en la mina Sanone, en Pataz. La acción fue liderada por la Policía Nacional del Perú y contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, evidenciando el nivel de riesgo al que se enfrentan quienes viven y trabajan en zonas mineras.
En 2025, Pataz concentró el 69% de las denuncias por minería ilegal en La Libertad y registró una tasa de extorsión de 43,8 denuncias por cada 100 mil habitantes, doce veces más que en 2020. Otras provincias como Otuzco y Trujillo también mostraron incrementos significativos, con tasas que se multiplicaron hasta cincuenta y quince veces, respectivamente.
Dinámica delictiva y desafíos para el Estado
La Libertad mantiene desde 2019 la tasa más alta de denuncias por minería ilegal entre las regiones del norte del país. En 2025 alcanzó los 19,2 casos por cada 100 mil habitantes, casi el triple de lo registrado en 2019 y por encima del promedio nacional. Según el IPE, existe una articulación entre la minería ilegal y redes de crimen organizado que facilita la expansión de la extorsión en todo el departamento, con incrementos notables en provincias como Chepén y Virú.
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Frente a este panorama, especialistas advierten que el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía y una mayor coordinación con autoridades locales son claves para enfrentar la expansión de las economías ilegales. También plantean la necesidad de recurrir a mecanismos como Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas para destrabar proyectos de seguridad urbana, en un contexto de restricciones presupuestales.