En un discurso marcado por una narrativa de resistencia, el presidente interino de la República, José Jerí, denunció este lunes que es blanco de amenazas directas y planes de atentado por parte de organizaciones criminales que operan desde los penales. Sin embargo, su retórica de “mano dura” colisionó con una realidad administrativa crítica: a pocos meses de terminar su gestión, el Gobierno todavía no oficializó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la hoja de ruta técnica necesaria para sostener cualquier estrategia contra el crimen organizado.
Desde el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, durante una ceremonia con la Federación Nacional de Defensores de la Patria, Jerí abandonó el tono técnico para adoptar uno de confrontación. El mandatario reveló que, tras los recientes operativos de requisa en dos penales donde se intervino a más de 6,000 internos, los intentos de amedrentamiento contra él y su equipo se volvieron “más expresos”.
“El enemigo jamás va a estar contento en que la autoridad se imponga, porque habíamos perdido el principio de autoridad en los penales y el enemigo sabe moverse, sabe organizarse y encima de todo sabe tejer contactos en el exterior para lograr su objetivo: que el presidente ya no vaya a los penales”, sentenció. Con la frase “cueste lo que cueste”, el jefe de Estado intentó proyectar una imagen de autoridad que, según su lectura, se perdió en los centros de reclusión del país durante los últimos años.
¿Qué es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y cuándo se tenía que presentar?
Este documento, que debió ser la columna vertebral de su administración desde que asumió el cargo el pasado 10 de octubre, sigue sin ver la luz en el diario oficial El Peruano. Sin este plan, las acciones del Ejecutivo carecieron de presupuesto articulado, metas medibles y, sobre todo, de una estrategia de prevención que trascendiera la reacción inmediata.
Mientras ofrece versiones contradictorias sobre sus reuniones secretas con un empresario chino, desde diciembre último y en medio de un escenario de creciente criminalidad, no cesó de anunciar la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y de ofrecer balances sobre el estado de emergencia en Lima y Callao que nunca se materializaron.
El mandatario aprovechó cada evento público para ponerle fecha a la estrategia contra el problema más grave del país, sin que esta se produjera. Ya el pasado 6 de noviembre, calificó de “obsoleto” el plan vigente y anunció su derogación para elaborar uno “adecuado a la realidad”. Sin embargo, esa promesa de renovación institucional quedó estancada en la retórica.
La cronología de las postergaciones revela una gestión que improvisó plazos ante la presión mediática:
- Octubre 2026: Jerí prometió cifras actualizadas sobre el estado de emergencia a solo siete días de su declaratoria. Pasaron más de dos meses y medio sin resultados oficiales.
- 1 de diciembre: Durante el CONASEC en Cañete, aseguró que el plan llegaría en los primeros 15 días de enero como plazo máximo.
- 28 de diciembre: En entrevista con RPP, ajustó la fecha simplemente a “los primeros días de enero”.
- 5 de enero: Ante el Poder Judicial, reiteró que la presentación ocurriría “en los próximos días” e incluso sugirió que su sucesor debería emplear dicho documento.
- 11 de enero: En cadena internacional (CNN), cambió nuevamente el horizonte y anunció que el plan vería la luz “a fin de mes”.
- 26 de enero: Se publicó una segunda ampliación oficial. La Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN otorgó diez días adicionales, extendiendo el plazo hasta inicios de febrero. Tampoco se cumplió.
- 10 de febrero: El jefe de Estado anunció que la presentación sería, finalmente, el viernes 13 de febrero.
- 13 de febrero: Palacio de Gobierno informó que este plan “será presentado la próxima semana”. Se estima que sea el jueves 19 de febrero en consejo de ministros.