La requisa en el penal de Barbadillo, donde cumplen condena los expresidentes Pedro Castillo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Alejandro Toledo, reabrió el debate sobre la gestión penitenciaria y los límites del control estatal sobre internos con alta investidura. Incluso, fue vista como una “cortina de humo” a fin de distraer a la población del alza de críticas contra el mandatario José Jerí.
En diálogo con Perú21, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, negó que la difusión de las imágenes sea una maniobra de distracción política. Mencionó que cuestionamientos al mandatario “son hechos que están en el imaginario y el relato cotidiano, y desaparecerán solo cuando las investigaciones no arrojen resultados concretos”.
Aunque no se refirió expresamente a las imágenes filtradas del operativo a exmandatarios, reconoció la necesidad de preservar la dignidad de las exautoridades. Además, se mostró a favor de adecuar el reglamento ante el reporte de haber encontrado electrodomésticos en sus celdas.
“No son delincuentes peligrosos, no son delincuentes comunes, son expresidentes que están siendo investigados o han sido condenados por delitos de corrupción y necesitan, como cualquier otra persona, conservar su dignidad. El reglamento establecía que podía haber televisores, pero solo en áreas colectivas, y Barbadillo no tiene áreas comunes. Hay que adecuar el reglamento para una realidad diferente. Se trata de personas que han ejercido la Presidencia de la República y tampoco se les puede tratar como reos peligrosos”, expresó.
Denuncias al INPE
El pronunciamiento del premier se da luego de que los propios exjefes de Estado recluidos en Barbadillo iniciaron acciones legales y administrativas, denunciando la violación de sus derechos fundamentales tras la publicación de fotografías tomadas durante la requisa.
Pedro Castillo, a través de su abogado, presentó una denuncia penal contra la directiva del INPE y la presidenta del organismo, argumentando que la toma y difusión de imágenes vulnera su intimidad y constituye abuso de autoridad. El escrito, ingresado ante la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Lima, invoca el artículo 2, inciso 7, de la Constitución y la Ley de Protección de Datos Personales, y exige la identificación de todos los funcionarios y medios involucrados.
Ollanta Humala, representado por su abogado Edinson Huamán Chacón, solicitó información detallada sobre la cadena de mando y cualquier autorización para el uso de su imagen, enfatizando que su sentencia en primera instancia no restringe sus derechos fundamentales.
Por su parte, Vizcarra denunció la duplicidad de operativos en menos de veinticuatro horas y cuestionó si se aplicaron controles semejantes a otros internos como Alberto Fujimori. Exigió explicaciones al INPE y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía, señalando abuso de autoridad y violación al derecho a la intimidad.
Las defensas legales de los expresidentes calificaron la filtración como “indignante y tendenciosa”, sugiriendo que la decisión de difundir las imágenes no respondió a criterios técnicos penitenciarios, sino a órdenes de instancias superiores, incluyendo a la presidenta del INPE, el ministro de Justicia y el propio presidente Jerí. Las fotografías mostraron objetos y comodidades como televisores, bicicletas estáticas, refrigeradoras y cocinas implementadas.