La desactivación de fiscalías especializadas y la eliminación de la educación sexual integral encienden, nuevamente, una alerta en el territorio awajún. A través de un pronunciamiento público, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) expresó su profunda preocupación por lo que considera un grave retroceso en la prevención y atención de la violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.
El GTAA, máxima instancia de gobierno propio del pueblo awajún, señaló que la violencia sexual se ha convertido en una problemática persistente en Condorcanqui, afectando especialmente a niñas, niños y adolescentes. Frente a este contexto, advirtió que el Estado no ha implementado políticas de prevención ni respuestas oportunas y efectivas para proteger a las víctimas.
Según el pronunciamiento, una de las principales herramientas para la prevención es la educación sexual integral, ya que permite que niñas, niños y adolescentes identifiquen situaciones de riesgo y sepan cómo pedir ayuda. Sin embargo, recordó que esta materia fue eliminada del currículo nacional por decisión del Congreso de la República, en un escenario en el que —según advierten— los casos de violencia sexual continúan en aumento a nivel nacional.
Fiscalías especializadas y servicios médico-legales desactivados
El pronunciamiento también cuestiona la decisión del Ministerio Público de desactivar la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar en los distritos de Río Santiago y Cenepa, así como las plazas de atención de la Unidad Médico Legal en Yutupis y Huampami.
De acuerdo con el GTAA, esta medida fue formalizada mediante la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N.° 004-2026-MP-FN-JFS, emitida en febrero de 2026. La desactivación implica la ausencia de fiscales especializados, médicos legistas y psicólogos que atendían casos de violencia sexual en zonas de difícil acceso del territorio awajún.
Consecuencias para las víctimas
El Gobierno Territorial Awajún advirtió que el retiro de estos servicios genera consecuencias directas para las víctimas, entre ellas la falta de exámenes médico-legales inmediatos, mayor exposición a amenazas y silenciamiento, retrasos en los procesos judiciales y el incremento de la impunidad en delitos sexuales.
Si bien el GTAA reconoce que las comunidades cuentan con sistemas propios de justicia especial, subraya que los casos de violación sexual requieren intervención especializada y articulación con el Estado. En ese sentido, sostiene que la desactivación de estas instancias limita el acceso real a la justicia, especialmente para menores de edad.
Obligaciones del Estado y justicia intercultural
En su pronunciamiento, el gobierno señala que estas decisiones contravienen obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado peruano, como la Ley N.° 30364 para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Convención de Belém do Pará, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio 169 de la OIT.
Asimismo, reafirma que la atención de la violencia sexual debe basarse en una acción coordinada entre la justicia especial indígena, el Ministerio Público y la justicia ordinaria, con el fin de garantizar una respuesta efectiva y respetuosa de los derechos de las víctimas.
Demandas
Ante esta situación, el GTAA exige al Estado peruano el restablecimiento inmediato de la educación sexual integral, la reposición de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar en Río Santiago y Cenepa, y la reincorporación de médicos legistas y psicólogos en Yutupis y Huampami.
También demanda la asignación de un presupuesto suficiente y sostenido para asegurar el funcionamiento permanente de estos servicios, así como la implementación de un plan de emergencia contra la violencia sexual en Condorcanqui, con enfoque intercultural y participación directa de autoridades territoriales, organizaciones indígenas y federaciones comunales.
El pronunciamiento concluye con un llamado a fortalecer la coordinación con el Gobierno Territorial Autónomo Awajún y a respetar sus autoridades propias, enfatizando que sin justicia no hay paz y que el pueblo awajún exige presencia efectiva del Estado y acciones inmediatas frente a la violencia sexual.
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