En medio de los cuestionamientos por la asignación del presupuesto de la franja electoral a determinados medios de comunicación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un extenso comunicado para aclarar el funcionamiento de este mecanismo de financiamiento en las Elecciones Generales 2026. El pronunciamiento se produce tras los escándalos que involucran a varios partidos políticos y la contratación de espacios publicitarios en el canal Nativa Televisión.
El organismo electoral precisó que la franja electoral no constituye un beneficio directo ni discrecional, sino un sistema regulado por ley que busca garantizar condiciones más equitativas en la difusión de propuestas políticas. Según señaló, este modelo fue creado para corregir las profundas desigualdades que existían cuando el acceso a la propaganda electoral dependía exclusivamente de la capacidad económica de cada organización o candidato.
Ante el escenario de controversia pública, la ONPE subrayó que su rol se limita a la regulación y gestión administrativa del proceso, mientras que las decisiones sobre selección de medios, distribución de espacios y producción de contenidos recaen directamente en las organizaciones políticas. Con estas precisiones, el ente electoral busca deslindar responsabilidades y reforzar la transparencia del uso de recursos públicos en plena campaña electoral.
ONPE aclara las reglas que rigen la franja electoral
En su comunicado, la ONPE recordó que la denominada franja electoral “es una modalidad de financiamiento público indirecto que el Estado otorga a las organizaciones políticas desde el año 2021 para que estas puedan mostrar sus propuestas a la ciudadanía”. De acuerdo con el organismo, este mecanismo fue creado “con la finalidad de reducir las grandes brechas en propaganda electoral” que existían en procesos anteriores.
Asimismo, explicó que las reglas actuales de la franja electoral responden a las modificaciones realizadas en 2020, en cumplimiento del artículo 35 de la Constitución Política, el cual establece que “solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto”. Sobre esta base, la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N.º 28094) encarga a la ONPE la regulación y gestión de la franja, incorporando también a los medios digitales, como redes sociales.
Respecto a la distribución de los recursos, la ONPE precisó que la ley fija criterios diferenciados: en medios digitales, los montos se reparten de manera equitativa entre todas las organizaciones políticas participantes; mientras que en radio y televisión, “la mitad de los recursos se distribuyen de forma equitativa y la otra mitad, de manera proporcional al número de congresistas obtenido por la organización política en el proceso electoral anterior”.
Para las Elecciones Generales 2026, la ONPE informó que ha distribuido recursos a 38 partidos políticos, los cuales solo pueden ser utilizados en medios incluidos en el catálogo publicado en la plataforma digital CLARIDAD. En dicho registro figuran únicamente medios que “acreditaron ser aptos para contratar con el Estado” y que cumplieron con el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
Quién decide los medios, los espacios y los contenidos de la franja electoral
El organismo electoral enfatizó que son los propios partidos los responsables de decidir dónde y cómo se difundirá su propaganda. “A través de CLARIDAD, los partidos han seleccionado los espacios donde se emitirán sus spots, dependiendo de los públicos a los que quieren llegar y de sus estrategias comunicativas”, señala el comunicado.
La ONPE fue enfática al indicar que las organizaciones políticas asumen tanto la selección de los espacios como la producción de los spots que serán difundidos durante la franja electoral. Una vez adoptadas estas decisiones, el organismo se relaciona con cada partido mediante el representante designado por su directiva y recibe la información correspondiente.
Con base en esa selección, la ONPE suscribe los contratos con los medios de comunicación elegidos, lo que puede involucrar a más de una organización política que haya optado por un mismo medio. El ente electoral reiteró que no interviene en la definición de contenidos ni en las estrategias de campaña, y que su actuación se limita a ejecutar los procedimientos administrativos previstos por la ley.
La polémica por la asignación de fondos de la franja electoral a Nativa Televisión
Las aclaraciones de la ONPE se producen en un contexto de creciente polémica por la asignación de fondos de la franja electoral al canal Nativa Televisión, que fue de propiedad del excandidato a la Cámara de Diputados por el partido Primero la Gente, Miguel del Castillo. De acuerdo con información difundida por La Encerrona, al menos seis partidos destinaron recursos a este medio, que en conjunto recibiría S/ 2.416.000 como parte de la franja electoral en las Elecciones 2026.
El caso más cuestionado es el de Primero la Gente, que habría asignado S/ 464.000 —cerca del 30 % de su presupuesto— a Nativa Televisión, medio vinculado al excandidato a la Cámara de Diputados Miguel del Castillo. Mientras este negó haber tomado la decisión, otros dirigentes del partido lo señalaron como responsable, lo que generó una crisis interna.
La controversia también alcanzó a País para Todos, donde más de treinta candidatos exigieron explicaciones sobre el uso de los fondos públicos y amenazaron con renunciar si no se esclarecen las responsabilidades. Frente a este escenario, la ONPE ratificó que “sus esfuerzos, dentro del marco legal, se seguirán orientando a facilitar el acceso a la franja electoral”, con el objetivo de garantizar que las organizaciones políticas difundan sus propuestas antes del día de la elección.