Hay crisis que se anuncian con titulares. Y hay otras que se sienten primero en los pasillos: llamadas de acreedores, proveedores acortando plazos, líneas de crédito que se “revisan”, cláusulas de aceleración que reaparecen en correos con tono jurídico. A fines de 2025, Petroperú estuvo peligrosamente cerca de ese segundo tipo de crisis: una en la que el debate ya no es “cómo se reestructura”, sino quién decide. ProInversión lo dijo sin rodeos: el objetivo de la intervención fue evitar que Petroperú termine en un proceso concursal en Indecopi, un escenario donde “las decisiones ya no las toma el Estado, sino los acreedores”.
Ese es el punto central. En el Perú, el sistema concursal está diseñado para que, una vez instalada la Junta de Acreedores, la continuidad (reestructuración, de aprobarse el plan de reestructuración patrimonial por la junta) o la salida (disolución y liquidación) del deudor sea decidida por los acreedores, y la conducción pueda quedar directamente bajo su control o el de un administrador nombrado por la junta.
Cuando una empresa entra a un proceso concursal en el Perú, las decisiones dejan de tomarse en el directorio y pasan a la Junta de Acreedores. En una petrolera estatal, eso no es un detalle técnico: es un cambio de poder. En una empresa estatal con activos estratégicos —refinería, logística, contratos, permisos—, el concurso no es solo un mecanismo financiero; es, sobre todo, una transferencia de poder de decisión. Dentro de un proceso concursal ordinario, la Junta de Acreedores puede decidir sobre aspectos como aumentos de capital, capitalización de acreencias, venta de activos tangibles e intangibles, condonación de deudas, entre otros.
Ese escenario fue el que el Estado buscó evitar con el Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Y lo logró. Pero solo a medias.
El riesgo era real —y era inminente
La combinación era peligrosa: liquidez extremadamente ajustada, una deuda cercana a US$ 5 000 millones, proveedores críticos y una refinería moderna —Talara— con una estructura financiera que no perdona. En ese contexto, bastaba un quiebre operativo o un vencimiento o aceleración de deuda para abrir la puerta a Indecopi y a un proceso concursal donde el Estado ya no decide. No es casual que ProInversión haya sido explícita: el objetivo del decreto fue evitar que Petroperú cayera en un concurso, donde la empresa quedaría, en los hechos, en manos de acreedores.
El decreto no “salva” a Petroperú; le compra tiempo
El DU 010-2025 no es un rescate clásico. Es un cambio de tablero. Primero, permite separar la empresa en bloques patrimoniales. Traducido: aislar activos, contratos y riesgos para que no todo caiga junto. Segundo, traslada el centro de decisión a ProInversión, con un plan de reorganización vinculante, plazos cortos y ejecución obligatoria. Tercero, prioriza y garantiza la caja para sostener la operación, pagar pasivos críticos y evitar el evento que suele detonar el concurso: dejar de pagar lo impostergable. El mensaje es claro: mientras se reestructura, Petroperú no puede darse el lujo de fallar operativamente.
Pero el riesgo no desapareció
Aquí está la parte incómoda. El decreto contiene el riesgo concursal, pero no lo elimina. Porque el concurso no llega por ideología; llega por aritmética. Si no se materializan cambios reales —operador especializado, renegociación efectiva de deuda, estructura financiera viable para Talara—, el riesgo vuelve. No por decisión política, sino por agotamiento de caja. La reestructuración puede quedar inconclusa, atrapada entre ciclos políticos. Y una reestructuración inconclusa es, en la práctica, una invitación a que el problema regrese.
La señal que importa
El DU evitó que Petroperú entrara al concurso. Eso ya es relevante. Pero la verdadera señal no es el decreto, sino qué se hace con el tiempo que compró. Porque en el mundo real —y en los mercados— comprar tiempo no es lo mismo que comprar solvencia. Y un proceso concursal, cuando vuelve, nunca avisa dos veces.