El ministro de Justicia, Walter Martínez, anunció que en la segunda quincena de enero se oficializará la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), un organismo que absorberá y fusionará las funciones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).
Esta medida, que forma parte de un ambicioso pedido de delegación de facultades legislativas por 60 días, busca dar una respuesta definitiva a la crisis de seguridad y al avance impune de la criminalidad organizada dentro de los penales.
Reclasificación masiva de reos
Uno de los pilares más urgentes de la SUNIR es la reclasificación de los internos y de los propios penales. El presidente José Jerí advirtió hace unos días que la desorganización actual ha permitido la “contaminación” criminal, donde reos primarios terminan conviviendo con delincuentes de alta peligrosidad.
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Bajo el nuevo mando de la SUNIR, se ejecutará una separación entre los cabecillas de bandas criminales, extorsionadores y sicarios que serán agrupados en regímenes exclusivos de máxima seguridad. Los que son clasificados como alta peligrosidad deberám estar juntos y los primarios, separados para evitar que las cárceles “sigan siendo escuelas de la delincuencia”, sentenció el Martínez a TV Perú, pese a las amenazas recibidas por los reos durante los recientes traslados.
Sin electricidad ni beneficios en celdas
La puesta en marcha de la SUNIR trae consigo un endurecimiento sin precedentes de las condiciones de internamiento, especialmente en penales de zonas altoandinas como Challapalca o Yanamayo.
El ministro Martínez detalló que el objetivo es recuperar el principio de autoridad mediante acciones concretas que incluyen un “apagón eléctrico” en las celdas. Los internos tendrán iluminación general para el control, pero se les retirará el acceso a tomacorrientes, enchufes o interruptores.
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A esto se suma la restricción de visitas, un máximo de dos horas de patio y la prohibición absoluta de permanecer en pasadizos o escaleras. “Se acabaron las gollerías, estamos poniendo orden con las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos, pero nada más”, subrayó el ministro.
¿Qué es la SUNIR y por qué el Gobierno busca desaparecer al INPE?
La creación de la SUNIR no es solo un cambio de nombre, sino una reforma operativa ante un sistema que el propio Ejecutivo reconoce como “rebasado por la corrupción”. El presidente interino, José Jerí, ha sido enfático al señalar que las estructuras actuales del INPE han permitido que las cárceles se conviertan en centros de mando para las mafias.
La nueva superintendencia promete tener una visión integral de la trayectoria del delito, unificando el control desde la delincuencia juvenil hasta la adulta. Según el ministro Martínez, el objetivo es generar indicadores eficientes que permitan pasar de medidas meramente reactivas a una verdadera estrategia de prevención para evitar que el hacinamiento siga alimentando la inseguridad ciudadana.
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A pesar del optimismo del Gobierno, el anuncio de la desaparición del INPE plantea interrogantes críticas sobre si una nueva superintendencia podrá erradicar la corrupción sistémica que ha facilitado el ingreso de celulares y armas a los penales durante décadas.
El Ejecutivo admite que el cambio radical es necesario porque las estructuras operativas anteriores fueron infiltradas por el crimen organizado.