
El monseñor Juan José Salaverry, obispo auxiliar de Lima, abordó este domingo las medidas adoptadas por el gobierno frente a la delincuencia y la violencia que afecta a la capital, donde continúa vigente el estado de emergencia.
Durante la misa celebrada en la catedral de Lima, Salaverry hizo referencia al ataque contra una combi en Surco que ocasionó la muerte de un pasajero, heridas graves al conductor y la pérdida del embarazo de una pasajera, luego de que delincuentes dispararan más de diez veces contra el vehículo.
“Hemos sido testigos de ese asalto a mano armada a una combi en Surco, donde una criatura ha sido asesinada, causando no solamente la pérdida de la vida, sino un daño moral... a las personas que estaban ahí y a la misma sociedad”, expresó.
El monseñor sostuvo que “ni con la prepotencia de los que gritan más fuerte, ni con la violencia se puede restaurar el mundo”, en referencia a las políticas de mano dura impulsadas por el presidente interino José Jerí, comparado con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

Agregó que “el mal no se vence con el mal, ni desde la violencia”, sino “desde el amor”. Además, advirtió sobre una cultura donde el abuso de poder se normaliza y “el que grita más fuerte gana la discusión, el que tiene más poder, gana la discusión”.
En ese marco, el obispo afirmó que la solución a la crisis de violencia requiere un cambio profundo, no basado en el miedo ni en la imposición. “La restauración del mundo viene desde Cristo, desde el mandamiento del amor, desde la práctica del Evangelio”, indicó.
Medidas
El estado de emergencia, prorrogado por 30 días el 20 de diciembre, otorga el control del orden interno a la Policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y restringe derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Jerí aseguró que la medida continuará “el tiempo que sea necesario” y afirmó que permitirá “progresivamente recuperar índices de tranquilidad y seguridad” en la capital.
El gobernante visitó la vivienda de Pablo Mendoza, alcalde del distrito limeño de Carabayllo, donde el pasado lunes se denunció la aparición de una granada de guerra, la quinta amenaza recibida por presuntas organizaciones criminales.

Acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, ofreció respaldo a la autoridad local y coordinó la implementación de nuevas medidas de seguridad para el alcalde.
Desde el inicio del estado de emergencia en octubre, el jefe de Estado ha asistido junto a sus ministros a varios operativos policiales, incluyendo registros e intervenciones en prisiones, señaladas como centros de coordinación de delitos como extorsión y sicariato.
Pese a las acciones oficiales, estos crímenes han persistido en Lima y el Callao durante los últimos meses, afectando sobre todo a trabajadores del transporte público, pequeños comerciantes y empresas vinculadas con la construcción.
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