En el control de acceso al penal de Picsi, en Chiclayo, un operativo de rutina cambió el curso de una visita que parecía común. Los agentes penitenciarios detectaron una irregularidad dentro de los alimentos que una mujer llevaba para un interno, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad. El hallazgo reforzó las alertas sobre los métodos utilizados para intentar vulnerar los controles en los establecimientos penitenciarios del país.
El hecho se produjo en un contexto de vigilancia reforzada dentro de los penales del norte, donde el ingreso de visitas y encomiendas se encuentra bajo estricta supervisión. Las autoridades penitenciarias sostienen que estos controles buscan frenar el ingreso de drogas y otros objetos prohibidos que suelen alimentar redes delictivas al interior de los recintos.
El caso también se conecta con una estrategia más amplia del sistema penitenciario, que combina controles tecnológicos, acciones disciplinarias y traslados de internos considerados de alta peligrosidad. Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se insiste en que estas medidas responden a una política orientada a reducir la criminalidad organizada y los delitos que se planifican desde prisión.
Droga camuflada en alimentos dentro del penal de Picsi
Los agentes del INPE intervinieron a Elizabeth Carol Rivera Calderón, de 27 años, cuando pretendía ingresar alimentos durante su visita al penal de Picsi. Según la información oficial, la mujer llevaba dos envases con carne guisada que levantaron sospechas tras pasar por el detector de rayos X. El equipo permitió advertir formas irregulares en el interior de los recipientes.
La revisión detallada confirmó la presencia de once paquetes envueltos en cinta negra, ocultos dentro del guiso. Las autoridades precisaron que el contenido correspondía a pasta básica de cocaína. De acuerdo con el reporte penitenciario, los envoltorios tenían como destino al interno Wilder Ramírez Villalobos, recluido en el pabellón cinco del régimen cerrado ordinario y sentenciado por el delito de robo agravado.
El INPE informó que “gracias al detector de rayos X se hallaron los productos ilícitos, que iban a ser entregados a su conviviente”. Tras el hallazgo, el personal penitenciario dio aviso al Ministerio Público y puso a la intervenida a disposición de la Policía Nacional del Perú para las diligencias de ley, conforme a los protocolos establecidos.
Desde la institución penitenciaria se recordó que “intentar ingresar productos o sustancias ilícitas a los penales tiene una pena de hasta 20 años de prisión”. Esta advertencia forma parte de las campañas dirigidas a las visitas de los internos, con el fin de disuadir conductas que agravan su situación legal.
Controles y advertencias del sistema penitenciario
El caso registrado en Chiclayo se suma a otros intentos de ingreso de drogas bajo modalidades similares, según reconocen fuentes del sistema penitenciario. El uso de alimentos preparados como medio de ocultamiento representa un desafío constante para los controles, motivo por el cual el INPE refuerza el uso de tecnología y la capacitación del personal.
Las autoridades penitenciarias insisten en que cualquier irregularidad detectada durante las visitas activa procedimientos inmediatos. Estos incluyen la retención de los objetos, la intervención de la persona involucrada y la coordinación con las autoridades judiciales y policiales. El objetivo central apunta a evitar que las drogas circulen dentro de los penales y fortalezcan economías ilegales internas.
Traslados de internos de alta peligrosidad a Ancón I
En paralelo a los controles en los penales del norte, el INPE ejecutó un operativo de traslado de internos considerados de alta peligrosidad hacia el pabellón de extrema seguridad del Establecimiento Penitenciario Ancón I. Esta acción se enmarca en la política de gobierno liderada y supervisada por el presidente de la República, José Jerí, orientada a la lucha frontal contra las extorsiones.
El operativo contó con la coordinación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. Este último informó que el traslado se desarrolló con éxito y que 55 internos ingresaron al régimen de extrema seguridad. Según precisó, dicho régimen contempla solo dos horas de patio al día, visitas estrictamente limitadas y una supervisión permanente por parte de personal penitenciario especializado.
Iván Paredes Yataco señaló que entre los trasladados figuran integrantes de organizaciones criminales como “Los malditos de Castilla”, “Los cogoteros de Chiclayo”, “Los injertos del norte” y “Los Patecos”, todas vinculadas a delitos que afectan la seguridad ciudadana.
Procedencia de los internos y balance anual
Los internos trasladados proceden de diversos establecimientos penitenciarios del país. Diez llegaron desde Piura, diez desde Chiclayo, trece desde Trujillo, dos desde Cajamarca y veinte desde penales ubicados en Lima. Todos se encuentran en condición de procesados o sentenciados por delitos como extorsión, sicariato, robo agravado y organización criminal. El operativo contó con la custodia del Grupo de Operaciones Especiales del INPE.
Durante el año 2025, el sistema penitenciario registró el traslado de 2 793 internos a nivel nacional. De ese total, 707 correspondieron a movimientos realizados por razones de seguridad penitenciaria, como parte de las acciones estratégicas orientadas a prevenir y neutralizar actos delictivos que puedan organizarse desde el interior de los establecimientos.
El INPE sostuvo que estas medidas buscan fortalecer el control y la disciplina en los penales del país, en coordinación con las autoridades del sector Justicia, dentro de una estrategia sostenida contra la criminalidad y la extorsión.