Cuatro años después del derrame de crudo ocurrido el 15 de enero de 2022, pescadores de diversas zonas del litoral norte de Lima volverán a alzar su voz para exponer la situación actual de las playas afectadas. Representantes de Ventanilla, Ancón, Chancay, Aucallama y Santa Rosa ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre el estado del mar y evidenciar que la contaminación persiste pese al tiempo transcurrido desde el desastre.
El vertido de más de 12 mil barriles de petróleo frente a las costas de Ventanilla, considerado el mayor daño ambiental registrado en el mar peruano, sigue dejando huellas visibles. Según los afectados, recientes estudios de campo confirman la presencia de restos de hidrocarburos en distintos puntos del litoral, lo que demuestra que el proceso de recuperación no ha sido efectivo.
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Reclamos por compensación y falta de remediación
Durante la conferencia, los pescadores exigirán una indemnización justa para sus familias, ya que en estos cuatro años no han podido retomar plenamente sus actividades artesanales, lo que ha impactado de forma directa en sus ingresos. También denunciarán la ausencia de acciones concretas para restaurar el ecosistema marino. Señalarán que ninguno de los planes de rehabilitación presentados por Repsol ha sido aprobado por las autoridades ambientales debido a múltiples observaciones técnicas que no han sido subsanadas, lo que ha dejado paralizado cualquier intento real de remediación.
Entre los voceros estarán Mercedes Yovera, Luis Díaz y Daniel Cabeduque, representantes de los pescadores afectados, además del biólogo Steffan Astermuller y Alejandro Chirinos, de la organización CooperAcción. El encuentro se realizará el 14 de enero, a las 10:00 a.m., en el hotel Meliá Lima, ubicado en la avenida General Felipe Salaverry 2599, en San Isidro.
Así fue el derrame de petróleo en la costa del Perú ocurrió en 2022
El derrame de petróleo en la costa peruana de 2022 fue uno de los mayores desastres ecológicos recientes que ha enfrentado el país, con profundas secuelas ambientales y sociales. La madrugada del 15 de enero de ese año, mientras se descargaba crudo desde el buque Mare Doricum en la Refinería La Pampilla —operada por Repsol en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao— una fuga masiva de petróleo se vertió al mar.
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La empresa inicialmente minimizó el incidente, pero pronto se confirmó que miles de barriles de crudo llegaron al océano, afectando un trayecto costero que se extendió por decenas de kilómetros y numerosas playas.
Repsol atribuyó el derrame a olas inusuales generadas por un maremoto tras la erupción volcánica en Tonga, aunque las autoridades peruanas rechazaron esta justificación y señalaron deficiencias en el manejo de la descarga. Las corrientes marinas dispersaron el crudo tanto al norte como al oeste de Ventanilla, llegando a zonas como Ancón, Santa Rosa, Aucallama y Chancay, e incluso dentro de áreas naturales protegidas.
La magnitud del desastre llevó al gobierno a declarar una emergencia ambiental de 90 días para intentar contener y mitigar los efectos del vertido, mientras que científicos y observadores advirtieron que la recuperación de los ecosistemas costeros podría tomar años.
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Las consecuencias sobre la vida marina y las comunidades costeras fueron severas. Miles de aves, peces y otros organismos quedaron cubiertos de petróleo, y la pesca artesanal —una fuente vital de sustento para muchas familias— se vio interrumpida de forma prolongada.
Expertos de la ONU estimaron que el impacto en las zonas costeras y el lecho marino podría persistir entre seis y 10 años, afectando no solo la biodiversidad, sino también la seguridad alimentaria de la población local. Hasta la fecha, las medidas de limpieza y rehabilitación han sido objeto de críticas por su lentitud y eficacia insuficiente, mientras persisten debates legales y demandas por compensaciones.
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