El gobierno renovó su eslogan: “A toda máquina”. Antes fue “Con Punche Perú”. Cambian las frases, pero no el fondo del problema. El Perú no está para eslóganes que pretendan transmitir ímpetu, compromiso o voluntad política. Ese tipo de mensajes puede funcionar como herramienta motivacional en equipos de trabajo o campañas internas de recursos humanos, pero resulta irrelevante cuando el país arrastra problemas estructurales profundos que siguen sin resolverse.
El contexto importa. A la actual administración le quedan menos de seis meses de gestión. En ese horizonte temporal, cabe preguntarse con honestidad qué se puede hacer “a toda máquina”. La respuesta es incómoda, pero evidente: muy poco. Insistir en consignas grandilocuentes no acelera reformas, no mejora la ejecución del gasto ni fortalece la confianza. Por el contrario, suele alimentar una narrativa que termina engañando a la propia autoridad y, peor aún, a la ciudadanía.
El verdadero reto de la economía peruana no es comunicacional, sino político e institucional. En ese marco, una crisis de institucionalidad limita cualquier intento serio de crecimiento sostenido. La fragmentación del poder, la debilidad del Ejecutivo frente al Congreso, la falta de consensos mínimos y el uso discrecional de la política económica han erosionado uno de nuestros principales activos: la previsibilidad.
El deterioro fiscal reciente es un buen ejemplo. Por decisiones populistas, principalmente desde el Legislativo, y por la incapacidad del Ejecutivo para poner límites oportunos, el Perú se encamina a romper por tercer año consecutivo la regla fiscal. Esto no es un detalle técnico: eleva el costo de financiamiento, reduce el espacio para enfrentar choques externos y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica construida durante décadas. Sin disciplina fiscal, no hay crecimiento sostenible posible.
A ello se suma la persistencia de problemas estructurales largamente diagnosticados y sistemáticamente postergados: un mercado laboral rígido que expulsa a millones a la informalidad; una descentralización que no ha sido acompañada de capacidades técnicas ni de mecanismos efectivos de rendición de cuentas; y una ejecución de la inversión pública subnacional que sigue siendo ineficiente, especialmente en las regiones más pobres del país.
En un año electoral, el riesgo del cortoplacismo se intensifica. Por eso, el foco no debería estar en el eslogan de un gobierno al que le queda poco, sino en lo que haga el próximo presidente y su equipo en los primeros 100 días de gestión. Ahí se mostrarán las verdaderas cartas: la calidad técnica y política de los ministros, la claridad de la hoja de ruta económica y la capacidad para construir alianzas efectivas en el Congreso que permitan aprobar reformas, y no solo evitar ser censurado.
No se trata de prometer milagros ni de imponer agendas maximalistas, sino de enviar señales claras de rumbo: respeto por las reglas fiscales, fortalecimiento institucional, destrabe de la inversión y reformas que ataquen las raíces de la informalidad y la baja productividad. Sin eso, cualquier narrativa de dinamismo es solo eso: narrativa.
Un eslogan no hace un verano. El Perú no necesita más consignas ni relatos optimistas de corto plazo. Necesita un Estado que decida, ejecute y asuma costos políticos. Mientras sigamos reemplazando reformas por eslóganes, el país seguirá avanzando a media máquina, creciendo apenas por encima del promedio de la región, algo claramente insuficiente frente a los grandes retos que tenemos como país.