El decreto de urgencia del presidente José Jerí, quien asumió el puesto tras la vacancia de Dina Boluarte, enfocado en reorganizar Petroperú ha sido señalado como un intento e inicio de privatizar la empresa petrolera estatal.
Tras esto, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, liderada por la parlamentaria Katy Ugarte, organizó una mesa de trabajo de nombre “La privatización de Petroperú: consecuencias para los consumidores”. Así, no solo la reunión contó con participación de representantes de la Petroperú, sino también con la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no contó con representantes del Ejecutivo, el mismo que debería respaldar su decreto.
¿Qué pasaría con una privatización de Petroperú, que es hacia donde dirigiría a la estatal el decreto que buscaría que Proinversión la concesione por partes? Según los diferentes expertos, que respondieron en tanto el enfoque de la mesa de trabajo era el impacto en los consumidores, una privatización de Petroperú involucraría un incremento en el precio del combustible, y por ende en el encarecimiento de los alimentos de la canasta básica (en tanto estos son movilizados por vehículos), y así también impactaría en la inflación en general.
Impacto de la privatización
La mesa de trabajo de la Comisión de Defensa del Consumidor contó con la participación de diferentes expertos y actores en torno a Petroperú e instituciones del Estado relevantes para esta supuesta privatización de Petroperú.
Como se recuerda, en las pocas horas restantes del 2025, el gobierno de José Jerí aprobó un decreto de urgencia en que ordenaba el reordenamiento de Petroperú para concesionar por partes, a través de Proinversión, las operaciones de la empresa estatal.
¿Cómo esto impactaría en los mismos consumidores? “La canasta básica familiar va a subir (...). Van a subir los fletes”, señaló Johnny Villón Macedo, secretario general adjunto del Sindicato Nacional de Profesionales de Petroperú. Si bien este apunte viene de una parte de los afectados por el mismo decreto, los trabajadores dentro de la empresa estatal; es cierto que el Ejecutivo mandó una carta a la Comisión de Defensa del Consumidor avisando que no podría asistir.
Así, los expertos que participaron coincidieron que el precio de los combustibles serían afectados, que la canasta básica se va a incrementar, y que se va a presionar la inflación y el costo de vida de los peruanos.
Por su lado, el experto Pablo Tello consideró que “si Petroperú deja de participar en el mercado, podría haber un perjuicio de entre US$ 1.000 millones u US$ 1.500 millones anuales”. Asimismo, se ha cuestionado si el Ejecutivo ha realizado una evaluación técnica en torno al perjuicio hacia el consumidor con esta medida. “Sería bueno tener un análisis de eso. Porque el aumento del combustible e inflación va a la mano”, acotaron.
“Sacando del mercado a Petroperú, qué nos garantiza que los privados puedan expender precios de combustible justos, si no hay un control directo en ellos. Ellos estan sujetos al libre mercado”, agregaró el experto Tello.
Ejecutivo no responde ni se presenta
La ministra de Economía Denisse Miralles no se presentó en la mesa de trabajo. Como se sabe, desde el Ejecutivo se presentó este decreto de urgencia, y ha tenido a diferentes representantes que señalan que no se busca una “privatización”.
Sin embargo, en la mesa de trabajo también participó la Defensoría del Pueblo. Yanina Roxana Pacheco Canales, Adjunta para la Descentralización y Desarrollo Socioeconómico de la Defensoría del Pueblo, señaló que se ha pedido información a la Presidencia del Consejo de Ministros para que justifiquen el decreto de urgencia sobre Petroperú. A la echa del 8 de enero, el Ejecutivo, sin emnargo, no ha respondido, a pesar que el miércoles 7 de enero vencía el plazo para que la PCM se pronunciará.