La ministra de Economía, Denisse Miralles, negó este jueves que el decreto de urgencia recientemente emitido por el Gobierno, que introduce medidas extraordinarias en el ámbito económico y financiero para la petrolera estatal Petroperú, signifique una privatización de la compañía.
“No es una venta ni una entrega de la empresa. Es una reorganización necesaria para salvaguardar los intereses de todos los peruanos”, afirmó durante una entrevista con Canal N. La funcionaria detalló que la finalidad principal es garantizar la sostenibilidad financiera de Petroperú y enfrentar las obligaciones pendientes acumuladas en los últimos años.
“Lo que nosotros hemos visto por conveniente en este decreto de urgencia es generar valor para hacer que esta empresa sea autosostenible y permita pagar las enormes deudas que han dejado las gestiones anteriores en estos años”, remarcó.
Explicó que el plan busca “preservar el rol estratégico que tiene esta empresa para los peruanos” y “terminar con los privilegios que tienen aquellos que no han sabido usar bien estos recursos del Estado”.
Acerca de la reducción de personal prevista en el decreto, Miralles señaló que el Gobierno analiza la situación laboral de la entidad. “Es un vehículo que nos permite realizar esa evaluación. Lo que sí tenemos claro son los indicadores y esto es información que puede ser verificada. Por ejemplo, el 55% del gasto de personal no es sueldo, sino son hasta 83 tipos de beneficios y bollería, muchos de ellos desconectados de la realidad financiera de la empresa”, explicó.
Detalles
La decisión se oficializó mediante un decreto de urgencia publicado en el diario oficial El Peruano, que autorizó “de manera excepcional y por razones de necesidad pública” la reorganización de los activos de Petroperú “en uno o más bloques patrimoniales”, donde se podría incluir la Nueva Refinería de Talara, ubicada en la costa norte del país.
La norma, con vigencia de un año, dispuso que la empresa quede “incorporada en el proceso de promoción de la inversión privada” y que la agencia estatal Proinversión determinará la modalidad aplicable, a través de un plan de promoción que deberá aprobarse en un plazo máximo de sesenta días.
Proinversión ejercerá la representación de las acciones, decidirá sobre la transferencia de activos a uno o más bloques patrimoniales o fideicomisos y asumirá decisiones estratégicas sobre estos y la elección de un operador especializado.
La agencia también tendrá la facultad de estructurar, negociar y suscribir, con la estatal Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) u otras entidades autorizadas, los contratos de fideicomiso de administración, garantía, flujos u otros necesarios para los fines establecidos en la norma.
El Gobierno subrayó que el contenido de este plan “tiene carácter vinculante” para Petroperú y que su directorio deberá ejecutar las acciones necesarias en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la decisión correspondiente, “bajo responsabilidad funcional”.
Las pérdidas acumuladas de Petroperú, encargada de la exploración, refinación y distribución de combustibles, alcanzaron cerca de 300 millones de dólares hasta julio pasado, cifra que representa el 53 % de su capital social.
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