El 2025 se cierra en el Perú con una verdad incómoda para varios políticos: el hambre sigue sentada a la mesa de millones de hogares peruanos. Ya que a pesar del cambio de autoridades, de los discursos con mangas remangadas y de las promesas reiteradas, los indicadores nutricionales del país no muestran una recuperación, por el contrario, evidencian la persistencia de un fracaso que se arrastra desde hace años y que tiene responsables, los decisores políticos que priorizan el populismo o que simplemente anteponen la desidia y sus propios intereses.
Por ejemplo, la anemia infantil continúa siendo una de las expresiones más crudas de la desigualdad que enfrenta la niñez peruana. Las cifras de los últimos años han consolidado al Perú como uno de los países con mayores tasas de anemia en la región, hoy, el 43,7 % de los niños menores de tres años la padece, sin que se haya logrado una reducción sostenida. A ello se suma que la desnutrición crónica infantil, que había mostrado avances en años previos, volvió a incrementarse.
Este deterioro no puede desligarse del debilitamiento sistemático de las políticas alimentarias, programas sociales con presupuestos limitados, atravesados por denuncias de corrupción, una ausencia casi total de enfoque territorial y una desconexión alarmante entre el diseño de las políticas y las necesidades reales de la población explican buena parte del problema. Mientras el discurso oficial insistía en supuestas “mejoras”, en los territorios se multiplicaban las ollas comunes como respuesta directa al hambre, muchas veces sin apoyo técnico ni presupuestal suficiente.
Uno de los rostros más invisibilizados de esta crisis es la relación entre nutrición y tuberculosis. El Perú sigue siendo uno de los países con mayor carga de tuberculosis en América Latina, sin embargo, su abordaje continúa siendo insuficiente. La evidencia es clara, la alimentación adecuada es vital en el tratamiento de la tuberculosis, pero aun así, en el país seguimos teniendo una norma que no se actualiza desde hace once años y que podría no garantizar una respuesta nutricional adecuada para las personas con TBC.
A este panorama se suma una realidad que no puede omitirse, muchos de los actuales candidatos al Congreso ya ocuparon cargos en el Ejecutivo o en el Legislativo. Durante esos periodos, la anemia y la desnutrición se incrementaron, y la tuberculosis continuó sin una reducción efectiva. Resulta, por lo menos, contradictorio que hoy se presenten como “opción de cambio” quienes no enfrentaron el hambre cuando tuvieron responsabilidad directa, poder político y recursos públicos.
La memoria no puede ser selectiva. Gobernar mal también tiene consecuencias políticas, y durante esas gestiones no se fortaleció la rectoría del Estado en nutrición, no se articuló el sector salud con la protección social, no se protegió a la agricultura familiar ni se invirtió seriamente en prevención. En muchos casos, se optó por soluciones simplistas y metas irreales. Hoy, esas mismas figuras buscan votos, y el problema no es que quieran postular, sino que lo hagan sin reconocer su responsabilidad en un retroceso que afectó directamente a la infancia más pobre del país.
Cerrar el 2025 exige algo más que balances complacientes. Exige una lectura honesta de lo ocurrido y un compromiso real con un cambio de rumbo. El derecho a la alimentación no puede seguir subordinado a la improvisación ni a la negación. Se requiere una verdadera política de Estado que coloque la nutrición en el centro, con presupuestos suficientes, fiscalización efectiva y participación activa de las organizaciones sociales que han sostenido la alimentación cuando el Estado falló.
La lucha contra la anemia, la desnutrición y la tuberculosis asociada al hambre no se resolverá con discursos bonitos ni con candidaturas recicladas. Se resolverá cuando la política deje de mirar al hambre como un problema ajeno, la asuma como prioridad nacional y coloque la seguridad alimentaria en el centro del proyecto de país.