El expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, presentó una demanda de amparo tras su sorpresiva remoción del cargo, buscando ser repuesto y denunciar lo que considera una vulneración al debido proceso. La acción judicial, admitida a trámite el pasado 19 de diciembre, se fundamenta en la falta de transparencia y en el incumplimiento de los marcos normativos que rigen a la empresa estatal.
En declaraciones a RPP, Narváez aseguró que no se trata de un deseo personal de permanecer en el cargo, sino de una exigencia legal. “Simplemente [estoy solicitando] reposición. Que se cumpla el proceso administrativo correctamente”, afirmó, enfatizando la necesidad de respetar la Ley de Petroperú y los procedimientos internos de la Junta General de Accionistas.
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El exdirectivo explicó que su remoción se produjo sin comunicación formal ni notificación de los accionistas o directores de la empresa estatal. “Me remueven sin ninguna justificación. Yo no cometí ninguna falta, cumplí las metas, no renuncié y no me han pedido que renuncie. Me enteré por terceras personas”, denunció, subrayando la arbitrariedad de su cese apenas unos meses después de asumir el cargo, pese a que su contrato tenía una duración prevista de tres años.
Defensa de su gestión
Narváez destacó los resultados obtenidos durante su gestión, que, según indicó, permitieron revertir las pérdidas proyectadas de $1,030 millones a $750 millones, cifras auditadas y disponibles públicamente. “No es que yo quiera estar en Petroperú, simplemente que se respete la ley, sus estatutos, sus procedimientos”, reiteró, añadiendo que en los próximos días presentará una medida cautelar para acelerar el proceso de su reposición.
Asimismo, rechazó las recientes críticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la supuesta falta de transparencia en Petroperú. “Es mentira que no se alcance información trimestralmente; por imperativo legal, se envía a la SMV estados financieros completos”, afirmó en RPP, resaltando que los reportes contables contaron con validación externa mediante auditorías de PwC.
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El exdirectivo consideró que las declaraciones de la titular del MEF podrían deberse a una falta de revisión de los documentos públicos y advirtió que estos mensajes afectan la confianza del mercado y el valor de los bonos de la empresa. “Un accionista o el dueño dice que está mal la empresa, pues las acciones empiezan a caer. Ese es un mensaje muy negativo”, indicó para el citado medio, y calificó la situación como una “irresponsabilidad” que podría impactar en mercados internacionales como Nueva York y Londres.
Legalidad y transparencia
Narváez sostuvo que la demanda de amparo no busca una permanencia personal, sino garantizar que los procedimientos legales se cumplan correctamente en una empresa que cotiza en mercados internacionales. Según enfatizó, su salida interrumpió una gestión que ya había demostrado resultados positivos y que se desarrollaba dentro del marco normativo.
En cuanto a la transparencia, reafirmó que Petroperú cumple rigurosamente con todos los informes requeridos por la Superintendencia del Mercado de Valores y que las auditorías externas verifican la veracidad de los estados financieros. “No puede PwC emitir una opinión limpia si la información que se proporciona está sesgada o no es suficientemente relevante”, precisó.
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Finalmente, Narváez pidió prudencia a las autoridades del Ejecutivo al emitir declaraciones públicas sobre la empresa. Su intención, según remarcó, es proteger la reputación de Petroperú y garantizar la confianza de los inversionistas en una compañía que maneja operaciones por miles de millones de dólares.
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