La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) presentó un balance sobre el desempeño económico del país en 2025 y advirtió que, aunque la economía peruana resistió la inestabilidad política, existen varios factores que impiden alcanzar el verdadero potencial de crecimiento.
El director ejecutivo de ComexPerú, Jaime Dupuy, sostuvo que la resiliencia ha permitido sortear los golpes de un entorno volátil, pero subrayó que la debilidad de la gestión pública y las dudas sobre la seguridad jurídica siguen siendo los principales frenos para el desarrollo sostenible.
La economía peruana resiste la inestabilidad política en 2025
En términos generales, Dupuy reconoció que 2025 no fue un mal año para la economía peruana. “La economía ha resistido a una volatilidad política muy fuerte y seguimos mejor que muchos países de la región”, señaló.
Sin embargo, precisó que el crecimiento sigue lejos del nivel que permitiría una reducción real y sostenida de la pobreza. Mientras en épocas de mayor estabilidad el PBI crecía alrededor del 6% anual, en la última década ha descendido hasta un promedio cercano al 3%. Para ComexPerú, ese ritmo es insuficiente para que más peruanos puedan abandonar condiciones de vulnerabilidad.
Uno de los principales lastres identificados es la debilidad estructural del sector público. Jaime Dupuy insistió en que el problema central no es la falta de recursos económicos. Tanto la recaudación fiscal como la contribución de la actividad privada continúan generando ingresos para el Estado.
El verdadero reto, según explicó, está en la incapacidad institucional para ejecutar el presupuesto de manera eficiente y convertir los recursos en infraestructura, salud, educación y seguridad. La alta rotación de funcionarios y autoridades en todos los niveles de gobierno debilita la gestión, hace imposible sostener políticas públicas a mediano plazo y deja muchas obras inconclusas.
El sector público limita el desarrollo económico en Perú, advierte ComexPerú
Otro factor que afecta el desempeño nacional es la incertidumbre regulatoria y la fragilidad de la seguridad jurídica. En palabras de Dupuy, la volatilidad política y la falta de respeto a las normas debilitan la confianza de los ciudadanos y la inversión privada.
“La seguridad jurídica es el pegamento que mantiene unida la relación entre el Estado, los ciudadanos y las empresas”, afirmó. Si se relativizan las reglas y cada autoridad interpreta la ley según su conveniencia, advirtió, todos los actores económicos terminan perdiendo.
El sector turismo, uno de los motores potenciales del Perú, ilustra bien estos problemas. El país sigue siendo reconocido en rankings globales y Machu Picchu es famoso internacionalmente, pero aún no se recuperan los niveles de visitantes previos a la pandemia. Dupuy explicó que no es una cuestión de falta de atractivos, sino de deficiencias en infraestructura, bloqueos de rutas, mala calidad de servicios y disputa política por el control de zonas clave.
En especial, alertó que la gestión de Machu Picchu debería recaer en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), coordinando con los ministerios de Cultura, Ambiente y gobiernos locales, para evitar improvisaciones y conflictos de intereses que perjudican el turismo.
La debilidad institucional frena el crecimiento y la reducción de la pobreza
De cara al proceso electoral de 2026, ComexPerú pidió en su comunicado que se sitúe la institucionalidad, la legalidad y la competitividad entre las prioridades del debate público.
Dupuy exhortó a la ciudadanía a informarse a fondo sobre las propuestas de los candidatos y a exigir compromisos claros en materia de inversión, infraestructura y reglas de juego estables. Solo así –recalcó– Perú podrá superar sus actuales limitaciones y dar el salto hacia un mayor bienestar para todos sus ciudadanos.