El juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley rechazó levantar el secreto de las comunicaciones y bancario del exministro del Interior Juan José Santiváñez en una investigación por presunta negociación incompatible.
Se trata de la investigación preliminar por presuntamente haber intervenido para que el Ministerio del Interior contrate a Carlos Alvizuri Marín, quien trabajó en el estudio de Santiváñez; como abogado de Jorge Luis Ortiz Marreros, a pesar de que no cumplía con los requisitos. Según un testigo protegido, la contratación de un allegado tenía como objetivo que Ortiz no se acoja a una colaboración eficaz en el caso Los Waykis en la Sombra y perjudique a Nicanor Boluarte.
En esta investigación, el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez requirió el levantamiento del secreto de comunicaciones y bancario del extitular del Interior. Sin embargo, el juez Checkley desestimó ambos pedidos.
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Pedidos desestimados
Según el juez Checkley, los elementos presentados por la Fiscalía (declaración de un testigo protegido, las irregularidades en el trámite de la contratación) “no resultan, para este Juzgado Supremo, ser sustento necesario” para solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones porque, dicen, no aportan “dato alguno relevante para la investigación”.
Checkley también afirma que, en este caso, un eventual levantamiento de las comunicaciones no arrojaría algún elemento crucial para la investigación porque únicamente confirmaría comunicaciones entre Santiváñez y su personal de confianza. Lo mismo respecto al reporte de geolocalización porque “ambos trabajaban en el mismo lugar”, en referencia a Santiváñez y el funcionario que se encargó de la contratación de la defensa para Ortiz Marreros.
“Para este Juzgado Supremo, el requerimiento fiscal no alcanza el estándar que justifica la afectación del derecho a la privacidad de las comunicaciones, como exigencia del principio de intervención indiciaria”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae.
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Por otro lado, el juez Juan Carlos Checkley rechaza el pedido de la Fiscalía para levantar el secreto bancario de Santiváñez porque los hechos no están relacionados a transferencias de dinero, por lo que “no resulta idóneo ni razonable que sean sujetos del requerimiento de levantamiento del secreto bancario”.
El caso
El requerimiento también alcanzaba a Ricardo Kanashiro Romero, exdirector general de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior; Carlos Alvizuri Marín, abogado vinculado al estudio de Santiváñez; y Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Administración y Finanzas del Mininter e investigado en el caso “Los Waykis en la sombra”.
De acuerdo con un testigo protegido, Santiváñez habría solicitado a Alvizuri Marín asumir la defensa legal de Ortiz Marreros para evitar que este último se convierta en colaborador eficaz y declare contra Nicanor Boluarte. La contratación directa de Alvizuri Marín por S/ 150.000 fue observada porque no cumplía con el requisito inicial de tres años de experiencia profesional exigido por el Ministerio del Interior. Tras conocerse esta situación, Kanashiro Romero habría ordenado que “en lo sucesivo no se aplicaría el requisito de experiencia profesional para pedidos de defensa legal”, lo que, según la Fiscalía, permitió beneficiar al abogado cercano a Santiváñez y superar el límite de 8 UIT para contrataciones directas.
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