La reciente ofensiva judicial contra presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao coloca en la mira a Ciro Castillo, gobernador de la región, y a un grupo de altos funcionarios y proveedores. La investigación fiscal identificó un mecanismo de direccionamiento de contratos públicos, donde se habrían manipulado órdenes de servicio para favorecer a proveedores seleccionados, generando un perjuicio al Estado que supera el millón de soles. Estas diligencias han desembocado en la detención preliminar de varios implicados y han abierto un escenario de incertidumbre legal y política en la administración regional.
Frente a las medidas adoptadas, Humberto Abanto, la defensa de Castillo advierte supuestos vacíos en el procedimiento judicial y pone en tela de juicio la justificación de las órdenes de allanamiento presentadas. El abogado del gobernador insiste en que la designación de su cliente como jefe de una organización criminal parte de premisas poco fundamentadas, señalando también que no existió un aviso formal previo sobre la apertura de la investigación. Mientras esto ocurre, el proceso sigue su curso con recursos legales interpuestos y un creciente interés público sobre el desenlace del caso.
Defensa de Ciro Castillo cuestiona el procedimiento judicial
El equipo legal que representa al gobernador Ciro Castillo ha manifestado su abierto desacuerdo con los argumentos presentados por el Poder Judicial para autorizar los allanamientos, catalogándolos de vagos y carentes de una justificación sólida. En declaraciones recientes, el abogado hizo énfasis en que la resolución judicial se basa únicamente en la posibilidad abstracta de hallar documentos comprometedores en los domicilios allanados, sin que existan pruebas directas que vinculen a Castillo con el manejo de información relevante para el caso.
A su turno, el defensor del gobernador argumenta que la diligencia fue declarada infructuosa en el acta oficial, señalando que las autoridades no encontraron elementos de convicción tras el allanamiento. Además, remarcó la falta de notificación y la ausencia de oportunidad para realizar descargos antes de la ejecución de las medidas restrictivas, lo que, según la defensa, vulnera los derechos fundamentales del investigado y limita la transparencia de la investigación en curso.
La Fiscalía apunta a una red de contratos dirigidos en el gobierno regional
El Ministerio Público sostiene que la estructura conocida como ‘Los Socios del Callao’ funcionaba dentro del aparato estatal regional por medio del direccionamiento de contratos públicos de bajo monto, favoreciendo siempre a ciertos proveedores. Se denuncian órdenes de servicio fragmentadas y procedimientos excepcionales para eludir los controles de las licitaciones, una práctica que, en suma, habría ocasionado un daño económico al Estado superior al millón de soles.
Los fiscales a cargo han recabado testimonios, registros administrativos y documentos relacionados con adquisiciones efectuadas en el periodo investigado. Se identifican a asesores, responsables de logística y especialistas de adquisiciones entre los principales intervenidos, mientras el Ministerio Público profundiza en la trazabilidad del flujo de fondos y en la posible existencia de vínculos directos entre beneficiarios de contratos y funcionarios del gobierno regional.
Implicados afirman desconocer los detalles de la investigación
Durante los últimos días, la defensa de los principales involucrados sostiene que ni los acusados ni sus representantes legales fueron debidamente notificados de la investigación ni de la existencia de una carpeta fiscal. Aseguran que todas las decisiones adoptadas por la justicia se han basado en presunciones y señalamientos sin el respaldo de pruebas documentales o testimonios directos.
Abanto reiteró que ninguna autoridad les dio acceso a la información de la investigación antes de la orden de detención preliminar y el allanamiento de sus domicilios. Bajo este argumento, manifiestan que los investigados se encuentran en una situación de indefensión, obligados a enfrentar las diligencias sin oportunidad previa para realizar descargos o aportar pruebas de descargo ante las acusaciones que pesan sobre ellos.
Recursos legales y próximos pasos en la causa
Ante el escenario judicial y la detención de diversos funcionarios, la defensa del gobernador anunció formalmente la interposición de un recurso de apelación contra las medidas cautelares, buscando que se reevalué la necesidad y coherencia de las detenciones autorizadas por el Poder Judicial. El abogado cuestionó la forma en que se ha manejado la etapa preliminar del proceso, haciendo hincapié en el derecho a la defensa y en la necesidad de transparencia en todos los procedimientos.
Mientras la causa sigue abierta y la Fiscalía continúa con la revisión de documentación y testimonios, todas las partes involucradas se mantienen a la espera de nuevas resoluciones.
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