Las tensiones internas en Acción Popular alcanzaron un nuevo punto crítico tras las declaraciones de Ricardo Burga, excongresista y candidato a diputado, quien acusó de fraude “burdo y soterrado” en el registro de delegados para las elecciones primarias.
En entrevista con Canal N, Burga sostuvo que la presidenta del Comité Electoral Nacional habría inscrito una lista irregular “a espaldas del colegiado del Comité de Acción Popular”.
“Fui el primero en denunciar este fraude”, afirmó. Según su versión, Cinthia Pajuelo, titular del Comité Electoral Nacional, habría cargado en el sistema hasta 30 delegados que no fueron elegidos el 30 de noviembre, pese a que, asegura, existían resoluciones del propio colegiado que demostraban lo contrario. Agregó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya había advertido cambios irregulares y había notificado a la ONPE para corregirlos.
“La ONPE se está coludiendo con este fraude (…) Ellos son responsables de verificar que la lista que se carga sea la correcta”, señaló. Además, calificó al jefe de la institución, Piero Corvetto, como un funcionario “cuestionado desde años atrás”.
Acusaciones escalan en plena proclamación de Barnechea
El pronunciamiento de Burga se produjo tras el anuncio de la ONPE sobre los resultados finales de las internas, donde Alfredo Barnechea ganó la nominación presidencial con 37 votos (55,224%), superando a Julio Chávez, presidente del partido, quien obtuvo 26 delegados (38,806%). Más atrás quedaron Víctor Andrés García Belaunde, Edwin Martínez y otros postulantes con votaciones marginales.
Lejos de cerrar la crisis, la proclamación intensificó las disputas. Chávez denunció un “manifiesto y grosero fraude” y presentó una impugnación ante el JNE, señalando que 28 delegados habrían sido sustituidos sin sustento por la presidenta del Comité Electoral, supuestamente “con complicidad de la ONPE”.
En paralelo, militantes realizaron protestas frente a la sede de la ONPE días atrás, alegando que el registro oficial no coincidía con las proclamaciones departamentales. Las tensiones se agravaron tras la difusión de audios donde presuntamente se escucha a Pajuelo ofrecer puestos y dinero a cambio de apoyo político, mencionándose incluso al congresista Ilich López.
Burga retomó estas acusaciones y cuestionó que la ONPE no verificara la autenticidad de los delegados cargados en el sistema. “El JNE sí hizo las observaciones. ¿Por qué la ONPE no? ¿O es que no le conviene?”, declaró en el enlace televisivo.
La ONPE rechaza acusaciones
Ante la ola de señalamientos, la ONPE reiteró que no tiene competencia para fiscalizar resultados internos ni para sustituir listas creadas por los partidos. Explicó que solo utiliza la información que la organización política remite mediante su responsable acreditado y su aplicativo de registro.
El organismo sostuvo que cualquier lista distinta a la enviada oficialmente por Acción Popular “carece de sustento legal” y que afirmar que se consignaron datos erróneos es “falso”. Incluso remitió un oficio al JNE explicando el procedimiento seguido.
Un conflicto que ahora debe resolver el JNE
A pesar de la proclamación oficial, el partido atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. Chávez anunció que el JNE será quien determine la validez final del proceso.
La consulta interna no vinculante, que según Chávez lo daba como ganador, terminó sin efecto, pues los candidatos decidieron mantener sus postulaciones y ajustar sus estrategias al único resultado reconocido por ley, el cual es el proceso supervisado por la ONPE.
Para Burga, lo ocurrido afecta no solo al partido, sino a la confianza ciudadana. “La confianza en Corvetto es cuestionable desde hace años”, afirmó, señalando que interpondrán denuncias penales por omisión de funciones contra el jefe de la ONPE y sus gerentes.
Mientras tanto, Acción Popular permanece dividida, con una candidatura proclamada pero no reconocida, una impugnación en curso y un Comité Electoral en el centro de múltiples acusaciones.