El gobierno del presidente transitorio José Jerí decretó el estado de emergencia por 60 días en áreas críticas de La Libertad, Madre de Dios y Loreto, con el objetivo de fortalecer el control del orden interno ante la proliferación de minería ilegal, grupos hostiles y actividades ligadas al crimen organizado.
La medida se implementa en la provincia de Pataz y el centro poblado de Chagualito (distrito de Cochorco, Sánchez Carrión) en La Libertad; en los distritos de las provincias de Tambopata y Manu en Madre de Dios; y en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla en Loreto.
En Pataz y Chagualito, el control del orden interno queda a cargo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Se dispone, además, la inmovilización social obligatoria en Pataz entre las 22:00 y 05:00 horas, estrategia dirigida a reforzar la seguridad ciudadana en una zona marcada por delitos vinculados a la minería ilegal.
Por su parte, en las provincias fronterizas de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, Loreto, la intervención militar busca prevenir el accionar de grupos hostiles y fortalecer los controles migratorios y fluviales a lo largo del Putumayo y el Yavarí, rutas estratégicas para el control fronterizo y operaciones integradas en la Amazonía.
Articulación interministerial y resguardo territorial
El estado de emergencia involucra acciones coordinadas mediante el Comité Estratégico de Orden Interno y el Comando Unificado Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, plataformas encargadas de la planificación y ejecución de operaciones militares integradas, interdicción contra el narcotráfico, minería ilegal y mayor presencia en puntos fronterizos fluviales.
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En la región Madre de Dios, la medida aplica a los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto (provincia de Tambopata) y a los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe (provincia de Manu).
Estas jurisdicciones permanecerán bajo la vigilancia principal de la Policía Nacional, asistida por las Fuerzas Armadas, en respuesta al aumento de tala ilegal y tráfico de drogas, actividades que afectan la seguridad y economía de la región.
Las autoridades remarcaron que la declaración busca asegurar la presencia sostenida del Estado, consolidar operaciones firmes contra el crimen organizado y proteger a la población.
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El acuerdo fue aprobado en sesión del Consejo de Ministros, incorporando estrategias de vigilancia conjunta, patrullaje permanente y control en zonas priorizadas, como parte de la política nacional de defensa y seguridad.
Frontera con Chile
Hace unos días, el Ejecutivo también declaró el estado de emergencia en la región de Tacna, en la frontera con Chile, debido al aumento de ingresos irregulares y problemas de seguridad vinculados a la migración.
El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, explicó que la medida, de inminente publicación, permitirá desplegar policías y militares para reforzar el control y la vigilancia fronteriza.
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Desde días previos a esta medida, se triplicó la presencia policial y se intensificaron los patrullajes permanentes. El operativo incluye la verificación de identidades y controla el ingreso de extranjeros, en respuesta a la oleada migratoria y amenazas de expulsión en Chile.