El Congreso de la República aprobó el 5 de diciembre de 2025 declarar de interés nacional la creación de nuevas filiales universitarias en los departamentos de Amazonas, Puno, San Martín, Tumbes, Apurímac y Huancavelica. Esta medida, orientada a cerrar brechas educativas y a impulsar la descentralización educativa, beneficiará a miles de jóvenes del interior del país.
La decisión legislativa se concretó tras la votación del texto sustitutorio que agrupó los proyectos de ley 2709/2021-CR, 3922/2022-CR, 4728/2022-CR, 7553/2023-CR, 8080/2023-CR, 9756/2024-CR, 9885/2024-CR, 9790/2024-CR y 10235/2024-CR. El dictamen recibió 84 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones, y fue exonerado de segunda votación con 81 votos a favor y 12 abstenciones. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por Segundo Montalvo Cubas, lideró la sustentación de la propuesta.
El objetivo central de la norma es enfrentar las profundas desigualdades en el acceso a la educación superior que afectan a los jóvenes de zonas alejadas. Montalvo Cubas, al presentar el dictamen, advirtió que “una proporción significativa de jóvenes en el interior del país enfrenta limitaciones geográficas, económicas y sociales para acceder a educación universitaria de calidad”. El congresista subrayó que esta situación genera menores oportunidades profesionales, baja movilidad social y desigualdad interregional.
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La creación de filiales universitarias en las seis regiones mencionadas permitirá descentralizar la oferta educativa y acercar carreras pertinentes a la realidad productiva, cultural y social de cada zona. Según el presidente de la Comisión de Educación, estas nuevas sedes responderán a las demandas del mercado laboral regional y podrán impulsar sectores como la agricultura, la minería sostenible, la industria cultural, la innovación tecnológica y el aprovechamiento de la biodiversidad amazónica.
Durante el debate parlamentario, diversas voces coincidieron en la urgencia de democratizar el acceso a estudios superiores. Elizabeth Taipe Coronado, autora del Proyecto de Ley 9790/2024-CR, destacó que Antabamba, a pesar de su riqueza histórico-cultural, sigue siendo una provincia olvidada. Taipe Coronado señaló que los jóvenes de esta zona enfrentan graves dificultades para acceder a universidades debido a la distancia con las principales ciudades.
Elizabeth Medina Hermosilla solicitó priorizar el Proyecto de Ley 09965/2024-CR, que plantea la creación de una universidad autónoma de ciencias de la educación física, deporte y medicina humana en Lampa, Puno. Por su parte, Flavio Cruz Mamani advirtió que el principal reto será garantizar la calidad de las nuevas universidades y cerrar las brechas para sectores históricamente relegados, como el pueblo aymara, que “nunca tuvo una universidad”.
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Waldemar Cerrón Rojas, segundo vicepresidente del Congreso, agradeció el respaldo de la Comisión de Educación y puso como ejemplo la filial de la Universidad Nacional de Tumbes en Zarumilla, que ha generado desarrollo local. Paul Gutiérrez Ticona solicitó la acumulación del Proyecto de Ley 1111672024-CR, que impulsa la creación de una filial de la Universidad Nacional Daniel Hernández Morillo, y reafirmó la responsabilidad estatal de brindar oportunidades a estudiantes de todas las regiones, no solo de las grandes capitales.
Francis Paredes Castro enfatizó que la demanda educativa en Lima ya no es suficiente para cubrir las necesidades nacionales. La congresista remarcó la urgencia de expandir y descentralizar la oferta universitaria, visibilizando las demandas de los jóvenes y priorizando políticas que cierren las brechas regionales.
El Centro de Noticias del Congreso recordó que la ley aprobada es de carácter declarativo, pero representa un paso relevante hacia la democratización del acceso a la educación superior y la atención de demandas históricas de comunidades como Antabamba y el pueblo aymara. La medida, aunque simbólica, refuerza el compromiso estatal de abrir nuevas oportunidades para los jóvenes y de responder a las necesidades productivas y culturales de cada región.
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La aprobación legislativa constituye un reconocimiento al potencial de la juventud peruana y reafirma el papel del Estado en la construcción de un futuro más equitativo y con mayores oportunidades para todas las regiones.