El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, reconoció que la relación bilateral entre Perú y México atraviesa uno de sus momentos más tensos. En declaraciones a RPP, el canciller afirmó que actualmente existe “una mala relación con México”, debido a la interrupción del vínculo diplomático desde diciembre de 2022 y a la reiterada negativa del gobierno mexicano de reconocer la legitimidad de la sucesión constitucional peruana tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.
De Zela aseguró que esta situación no responde a decisiones unilaterales del Perú, sino a una constante intervención del gobierno mexicano en asuntos internos. “No tienen derecho a intervenir en asuntos internos peruanos”, señaló, al remarcar que la posición de México se sustenta en “una lectura equivocada de lo que ocurrió en el país” durante la crisis política de diciembre de 2022.
Tensión bilateral y desacuerdo diplomático
El canciller explicó que la ruptura de relaciones diplomáticas se arrastra desde hace casi tres años, cuando México optó por desconocer a la administración peruana tras la destitución de Pedro Castillo. Según sostuvo, la postura del exgobierno de Andrés Manuel López Obrador desconoce los mecanismos de sucesión establecidos por la Constitución peruana. “Nosotros sí hemos hecho cambios de jefe de Estado, pero respetando la Constitución peruana”, afirmó en RPP.
Además, recordó que esta situación no solo afecta los vínculos políticos, sino también la interlocución bilateral, generando un escenario que —según consideró— “no debería continuar”. De Zela reiteró que el Perú aspira a restablecer una relación normal con México, siempre y cuando exista pleno respeto a la institucionalidad peruana y a la no injerencia exterior.
Debate en la OEA: “México no entendió”
Las declaraciones del ministro se dieron un día después de su exposición ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde el Gobierno peruano planteó la necesidad de revisar el uso del asilo diplomático para evitar que este mecanismo ampare a personas procesadas por delitos comunes. De Zela destacó que la propuesta peruana fue recibida de manera favorable por la mayoría de delegaciones. “Estoy bastante satisfecho con la acogida”, indicó.
Sin embargo, el canciller criticó la postura de la delegación mexicana durante el debate. Según relató, la representante de México expresó su desacuerdo bajo el argumento de que el Consejo Permanente no podía modificar una convención internacional. De Zela rechazó esa interpretación y aclaró que “México no entendió lo que propuso Perú”, pues el país no busca cambiar la norma de manera inmediata, sino solicitar al Comité Jurídico Interamericano una consulta técnica para evaluar los alcances de la figura del asilo.
Uso indebido del asilo diplomático
El titular del ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la tendencia regional a desvirtuar el asilo es “peligrosa”, porque la figura fue creada para proteger a perseguidos políticos, no a investigados por delitos comunes. En ese contexto, señaló que casos recientes —como el refugio otorgado por México a exfuncionarios procesados— evidencian la urgencia de revisar los límites de este mecanismo. “Ahora se está usando para proteger a políticos que han cometido delitos comunes. Eso, en nuestra opinión, está equivocado”, enfatizó.
Finalmente, De Zela expresó que el Perú seguirá impulsando la discusión dentro de los marcos multilaterales, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de cooperación y garantizar que el asilo diplomático no sea utilizado como herramienta para evadir la justicia. Concluyó destacando que el restablecimiento de una relación normal con México dependerá del respeto mutuo y de la no injerencia en los procesos internos del Perú.
Postura de la delegación mexicana
México afirmó ante la OEA que el asilo diplomático es un mecanismo humanitario fundamental y que la Convención de Caracas de 1954 no puede revisarse en este foro, ya que cualquier modificación exige la participación y el consentimiento de todos los Estados parte. Señaló que la composición del Consejo Permanente no cumple ese requisito y que, además, la Convención no contempla procedimientos de enmienda, por lo que cualquier intento de reinterpretación sería jurídicamente improcedente.
El gobierno mexicano sostuvo que la sesión fue convocada solo después de que México otorgara el asilo y pidiera salvoconducto conforme al derecho internacional. Consideró que buscar reinterpretar la Convención en respuesta a un caso particular vulnera el principio de irretroactividad y pone en riesgo la certeza jurídica. También advirtió que esa discusión podría desvirtuar el sentido humanitario del asilo y recordó que este nunca debe considerarse un acto inamistoso entre Estados.
Finalmente, México subrayó que incumplir las normas sobre asilo y la emisión de salvoconductos puede generar graves afectaciones a los derechos humanos. Insistió en que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es un principio esencial y alertó que permitir su cumplimiento selectivo debilita la arquitectura internacional. Con ello, exigió respeto al derecho internacional y reafirmó su disposición al diálogo, siempre bajo estricto apego a las normas y reglas de la OEA.