Una mujer de 72 años fue víctima de un violento asalto en el distrito de Ate, donde un adolescente de 17 la tumbó al suelo para arrebatarle el celular que sostenía en la mano. El ataque ocurrió en la intersección de la avenida Nicolás Ayllón con la calle Río Cenepa y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.
La víctima estaba junto a su madre, otra adulta mayor que estaba en silla de ruedas, cuando el menor se acercó por la espalda y forcejeó con ella para arrebatarle el teléfono. La agresión fue tan brusca que la adulta mayor cayó violentamente al suelo, mientras la silla de ruedas de su madre también fue jaloneada por el impacto.
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El adolescente tenía denuncias previas
El menor escapó con el celular en la mano, pero agentes del grupo Terna que patrullaban cerca lograron detenerlo pocos minutos después. Según información policial, el adolescente era identificado en la zona con el alias “Nene Malo” y registraba antecedentes por infracciones similares.
La Policía Nacional del Perú informó que continúa recopilando información sobre sus casos previos y verificando si el joven integra o ha integrado alguna red dedicada al robo de celulares y asaltos rápidos en diferentes puntos de Lima.
Incremento de menores involucrados en actos delictivos
El caso de Ate se suma a otros episodios recientes protagonizados por menores involucrados en delitos violentos, lo que ha incrementado la preocupación entre vecinos y autoridades.
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Datos recientes de la Policía indican que ocho de cada nueve detenidos por sicariato son menores de edad, una señal de cómo las organizaciones criminales están reclutando jóvenes para ejecutar tareas de alto riesgo.
Bandas delictivas buscan a menores de edad
Con la entrada en vigencia de la Ley 32330 que permite procesar a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como sicariato o extorsión, las bandas han empezado a buscar menores aún más jóvenes para sortear las sanciones más severas. En ese contexto, adolescentes de 15 años o incluso menos se han convertido en blanco de reclutamiento por parte de estas redes.
Cristian Solano, exdirector del Centro Juvenil Maranguita, ha explicado que este patrón ya se ha observado en otros países en los que adultos utilizan a menores para “esquivar la ley” y minimizar riesgos penales. A ello se suma la falta de infraestructura adecuada para rehabilitación juvenil, así como entornos familiares y sociales marcados por conflictos, factores que dificultan contener el avance del crimen juvenil organizado.
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Debido a este escenario, el Ejecutivo oficilizó otra medida que endurece las penas para quienes involucren a jóvenes en actividades delictivas. La norma establece castigos que van desde 8 hasta 12 años de prisión cuando la captación ocurre mediante violencia, amenazas, coacción o abuso de poder.
Si el menor es usado para cometer delitos como sicariato, robo agravado, tráfico ilícito de drogas o si es integrado a una organización criminal la pena puede aumentar de 12 a 25 años, o incluso cadena perpetua, si aprovechan su vínculo familiar para disuadirlos.
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