Perú mantiene un total de veintidós litigios arbitrales vigentes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con un monto en disputa que podría llegar a los USD 10.000 millones, equivalente al 3,9% del Producto Bruto Interno nacional. Una deuda que tendría que ser asumida por todos los peruanos.
El escenario podría agravarse si el Estado no cumple con la implementación del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en el aeropuerto internacional Jorge Chávez pues, según José Salmón, CEO de Lima Airport Partners, de no aplicarse este cobro adicional, LAP podría llevar al Estado a un nuevo proceso de arbitraje internacional ante el CIADI.
Según Panamericana, el Perú ya ha recibido fallos definitivos en varios casos, lo que le ha obligado a pagar sumas millonarias. Entre los precedentes más recientes destaca el caso Kuntur Wasi, relacionado con el aeropuerto de Chinchero, que implicó una obligación de pago superior a USD 91 millones.
También figuran los arbitrajes perdidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que representaron montos de USD 200 millones y USD 46 millones, vinculados a la gestión de peajes. Además, sigue activo un proceso iniciado por Bluefield, que reclama USD 2.700 millones al Estado peruano.
El especialista en arbitraje administrativo, Alberto Retamozo, explicó al medio televisivo que “ya existen varias sentencias y son montos significativos que el país debe pagar, ya están laudados. En esos casos, no hay discusión posible”. Retamozo advirtió que “si no pagas, te embargan. Embargan las cuentas del país”.
Aplicación de la TUUA podría llegar al CIADI
La aplicación de la TUUA en el Aeropuerto Jorge Chávez implica un pago de USD 8 para rutas nacionales y USD 12 para rutas internacionales, dirigido a pasajeros en tránsito. Aunque el inicio del cobro estaba previsto para el mes de octubre, el debate sobre su aplicación forzó la postergación de la decisión hasta el 7 de diciembre de 2025.
Solo en el primer semestre de ese año, más de siete millones de pasajeros internacionales transitaron por el aeropuerto limeño, y se prevé que la cifra aumente, lo que acentúa el impacto de cualquier resolución sobre la TUUA.
El contrato suscrito entre Lima Airport Partners (LAP) y el Estado peruano, vigente desde 2012, respalda el cobro de la TUUA y estipula que parte de lo recaudado se transfiere al Tesoro Público. Sin embargo, el mecanismo enfrenta cuestionamientos de distintos actores. Juan José Salmón, CEO de LAP, advirtió a Panamericana que esta “será la primera vez que iniciaremos un arbitraje con el Estado” en caso de una decisión contraria a lo pactado.
Por su parte, Carlos Gutierrez, gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), afirmó: “El aeropuerto está introduciendo un elemento de presión hacia el regulador con el arbitraje”, y sostuvo que la tarifa es provisional y sujeta a cambios, por lo que no debería utilizarse como herramienta de presión.
El organismo regulador, Ositrán, todavía evalúa la propuesta y se prevé una resolución definitiva antes del 7 de diciembre. Mientras tanto, la incertidumbre ha provocado la suspensión de rutas internacionales como Lima-La Habana y Lima-Cancún, y podría conllevar la cancelación de otras.
Retamozo explicó que el arbitraje es la última instancia, tras negociaciones y conciliaciones. Sin embargo, si el Estado modifica unilateralmente lo acordado con LAP, “se incumplirían obligaciones ya pactadas previamente. No puede pretenderse modificar unilateralmente lo que fue acordado”. El experto añadió: “Si está pactado, téngalo por seguro que Perú va a perder. Si está pactado, va a perder. Porque se está incumpliendo el contrato”.