El asilo otorgado por México a la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por el intento fallido de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022, motivó este lunes la suspensión de los vínculos diplomáticos con Perú, un desenlace previsible por los indicios mostrados desde el gobierno de ese país, según el excanciller Luis Gonzales Posada.
La suspensión de los lazos diplomáticos reduce el contacto a asuntos exclusivamente consulares. “Es decir, solamente activo para atender a los peruanos que se encuentran en México y a los mexicanos que se encuentran en el Perú. No hay relaciones diplomáticas ni a nivel de embajador ni encargado de negocios”, explicó en diálogo con Canal N.
El establecimiento de relaciones diplomáticas permite a los gobiernos de diferentes países comunicarse, cooperar y resolver asuntos de interés mutuo mediante mecanismos formales y pacíficos.
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Esta interacción implica aceptar la soberanía recíproca, posibilita el envío de representaciones oficiales y propicia tareas conjuntas en ámbitos como intercambio comercial, actividades culturales, cooperación en materia de protección ambiental, seguridad o proyectos educativos. También facilita encontrar salidas consensuadas ante diferencias y formalizar compromisos internacionales.
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, señaló que la ruptura con México complica tanto temas diplomáticos como de cooperación regional y añadió que, si el Gobierno de esa nación llegara a imponer dificultades adicionales, sería una decisión unilateral. “La voluntad de Perú es que continúen estos lazos, pues consideramos de gran valor proteger a los peruanos en México y a los mexicanos asentados en Perú”, expresó.
Para Gonzales Posada, Lima tomó la decisión correcta al romper lazos y, según su óptica, esta decisión debe sostenerse durante un tiempo prolongado. “Por lo menos hasta que cambie el Gobierno, salvo que ellos den marcha atrás en la medida, que no creo que lo hagan”, dijo.
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Se trata de un nuevo capítulo en las diferencias entre ambos gobiernos latinoamericanos. Chávez, quien presidió el Consejo de Ministros durante el mandato de Castillo, enfrenta una investigación tras los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso y el cierre temporal de instituciones constitucionales.
La Fiscalía la acusa de coautoría en el delito de rebelión, con una petición de hasta 25 años de prisión. La exjefa de Gabinete quedó en libertad tras una resolución del Tribunal Constitucional que anuló la extensión de prisión preventiva fuera de plazo. No obstante, el proceso por rebelión sigue en trámite y el Ministerio Público mantiene el riesgo de fuga como argumento central para pedir medidas más severas.
Lo que sigue
Gonzales Posada mencionó que, al concederse el asilo político, Perú está obligado a otorgar el salvoconducto que permita su salida del territorio nacional. “Y ahí se cierra el capítulo. Ellos lo saben perfectamente bien, pero ha sido una maniobra muy bien orquestada y una desidia, un descuido absoluto del Gobierno peruano, porque esta era la crónica de un asilo anunciado”, indicó.
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“Una vez que concede el asilo, tiene que entregar el salvoconducto. Son las normas internacionales que existen y que hay que respetar. Lo que podría hacer el Gobierno de Perú es retener un largo tiempo la entrega del salvoconducto”, apuntó.
Finalmente, calificó como “penosa la actuación del Gobierno mexicano” y afirmó que, a su juicio, ese país “se ha sometido política e ideológicamente al grupo de socialismo del siglo XXI”. También lo asoció con Cuba, Nicaragua, Venezuela y “ese eje de extrema izquierda”.