Un intento de ingresar droga al penal de Piura terminó siendo frustrado por agentes penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), luego de descubrir que una visitante intentaba ocultar marihuana camuflada en pimentones y ajíes amarillos. El hallazgo se produjo durante una revisión rutinaria de paquetes que buscó evitar el ingreso de sustancias y objetos prohibidos al establecimiento penitenciario.
La intervención tuvo lugar este martes 21 de octubre, alrededor del mediodía, cuando el personal del área de seguridad detectó que una mujer de 47 años, identificada como Jenny Roxana Abad Romero, portaba bolsas con víveres aparentemente inocentes. Sin embargo, al inspeccionarlas con detalle, los agentes hallaron bolsas de polietileno transparente con hierbas secas y olor característico a marihuana escondidas dentro de varios pimentones verdes, rojos y ajíes anaranjados.
Intentó ingresar marihuana para su hijo interno sentenciado por robo agravado
De acuerdo con el INPE, dentro de los pimentones se encontraron bolsas con medidas que variaban entre 7 y 13 centímetros, cuidadosamente introducidas en el interior de las hortalizas. En total, los agentes incautaron en el penal de Piura más de una docena de pequeños envoltorios que contenían restos vegetales con características de marihuana. El minucioso control permitió detectar incluso las bolsas escondidas dentro de tres ajíes amarillos, lo que evitó que la sustancia llegara al pabellón de internos.
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Abad Romero, quien presenta ceguera severa y cuenta con registro en el Conadis N.°04641-2021, había ingresado al penal con la ayuda de Pascual Chero Imán, de 65 años. Ambos se encontraban en la zona de visitas para entregar víveres a sus familiares internos. Según la información oficial, la mujer pretendía hacer llegar los alimentos a su hijo Emanuel Francisco Benites Abad, condenado a ocho años de prisión por robo agravado y recluido en el pabellón 3 izquierdo del establecimiento. Por su parte, Chero Imán visitaba a su hijo Alejandro Sullón Ancajima, interno sentenciado a 30 años por violación sexual.
Tras la intervención, las autoridades penitenciarias dieron aviso inmediato a la Fiscalía Corporativa Penal de Turno de Castilla, a cargo de la doctora Lilia Castillo Chirinos, y a la Policía Nacional del Perú (PNP), específicamente a la Sección Antidrogas (AREANT) de Piura, para continuar con las diligencias correspondientes.
El INPE recordó que introducir objetos o sustancias prohibidas a un establecimiento penitenciario constituye un delito sancionado con hasta seis años de prisión, y que si se trata de armas, municiones o materiales explosivos, la pena puede alcanzar hasta 15 años de cárcel. En lo que va del 2025, más de 600 personas han sido intervenidas en distintos penales del país por intentar vulnerar las medidas de seguridad penitenciaria.
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Refuerzo de seguridad en penales del norte tras fuga de interno en Piura
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado de 17 internos del penal de Piura hacia diferentes cárceles de máxima seguridad como parte de un plan de emergencia para reforzar el control penitenciario. La decisión fue tomada tras la fuga del recluso Krisman Nizama Ponce, procesado por extorsión, hecho que motivó la remoción del director y subdirector del penal Río Seco. El operativo, ejecutado durante la madrugada del lunes 21 de octubre, contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad.
De los reclusos trasladados, ocho fueron enviados al penal de Cochamarca, en Pasco, considerado uno de los establecimientos más seguros y restrictivos del país. Otros grupos fueron distribuidos en los penales de Chimbote, Huaraz y Cañete, de acuerdo con el nivel de riesgo de cada interno. Entre los nombres incluidos en la lista se encuentran Edilberto Alvitez Gálvez, Jeanpol Sandoval Vera, Héctor Sernaque Manrique y Jorge Luis Diez Quesquén, todos con antecedentes por delitos graves como robo agravado y extorsión.
El INPE explicó que estas medidas forman parte de una estrategia nacional orientada a prevenir nuevas fugas y neutralizar la coordinación de actividades delictivas desde los penales del norte del país. En los últimos meses, el penal de Piura ha sido escenario de intervenciones por corrupción interna e intentos de ingreso de objetos prohibidos, lo que llevó a intensificar los controles y supervisar de forma más estricta al personal de vigilancia y a las visitas.
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