Ochenta ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Perú a través del Puente Internacional que une Aguas Verdes con Huaquillas, Ecuador, tras ser intervenidos en Lima por permanencia ilegal.
La presencia de las autoridades migratorias, en coordinación con las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), marcó la operación.
El procedimiento, puesto en marcha el martes 7 de octubre, implicó el traslado de los extranjeros en dos vuelos militares desde Lima hasta el aeropuerto Pedro Canga Rodríguez en Tumbes.
En cada avión viajaron 40 personas, de nacionalidad venezolana y colombiana, quienes descendieron con pocas pertenencias bajo custodia policial, de acuerdo con información entregada por las autoridades.
En la terminal aérea, grupos de funcionarios aguardaban para iniciar el traslado inmediato al Puente Internacional, donde se concretó la salida de los extranjeros.
La vía elegida para la expulsión no fue el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CBF), el procedimiento usual, sino el citado puente que conecta los dos países.
La escena cobra relevancia ya que, en estos momentos, el ingreso de foráneos hacia Ecuador se encuentra restringido debido a un estado de emergencia por inseguridad, lo cual endurece los controles migratorios en toda la región.
Las autoridades peruanas comunicaron que eligieron este mecanismo alternativo para cumplir con la legislación y garantizar la ejecución de la expulsión.
La mayoría de las personas expulsadas habría ingresado a Perú por pasos irregulares en la frontera norte, sin la documentación migratoria requerida, como verificaron los operativos realizados días antes en la capital.
Según reportes del Ministerio del Interior (Mininter), los intervenidos fueron detectados en distintos puntos de Lima, en dispositivos focalizados destinados a combatir el ingreso y la permanencia ilegal en el país.
Este tipo de expulsiones activan un protocolo especial que se emplea en casos donde los migrantes no logran acreditar identidad ni un estatus migratorio regular.
Una operación similar se llevó a cabo en agosto del año pasado, cuando fueron expulsadas 102 personas, aunque se registró el retorno de más del 40% de ellas por vías no autorizadas.
Decisión polémica y antecedentes de retorno ilegal
La medida provocó atención mediática por su ejecución fuera de los canales oficiales establecidos, ya que no se utilizó el CBF de Tumbes como ocurre en la mayoría de estos procedimientos.
El contexto regional agrega un matiz particular, ya que las restricciones vigentes en Ecuador podrían incrementar la presión migratoria en la zona fronteriza y estimular el uso de rutas clandestinas, un patrón que fue observado en episodios anteriores.
Las autoridades reiteraron su compromiso para mantener la vigilancia en los principales puntos de ingreso y salida, y anunciaron que seguirán desarrollando operaciones similares en la capital y otras regiones.
Los dispositivos policiales y militares cuentan con protocolos específicos para identificar, intervenir y coordinar las expulsiones que corresponden en términos de ley.
El despliegue de recursos y el uso de medios aéreos para trasladar a los migrantes desde la capital hasta zonas de frontera refleja un cambio táctico en el control de flujos migratorios irregulares.
En tanto, la población local y los gobiernos de frontera monitorean el incremento de este tipo de operativos y sus eventuales consecuencias sobre la seguridad y la estabilidad social de ambos países.
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