Desde su entrada en vigor en 2024, el Decreto Legislativo N° 1623 —conocido como la Tasa Netflix o Google Tax— marcó un hito en la política fiscal peruana al permitir que el Estado grave el consumo de servicios digitales ofrecidos por empresas extranjeras sin domicilio fiscal en el país. Es decir, plataformas como Netflix, Spotify, Google, Amazon y Disney+, que operan desde el extranjero, pero cuyos servicios se consumen localmente, pasaron a estar sujetas al Impuesto General a las Ventas (IGV).
Entre enero y julio de 2025, según cifras publicadas por SUNAT, se recaudaron S/ 334,851,173 únicamente por este concepto. La cifra demuestra que varias empresas ya están cumpliendo con la normativa y contribuyendo al sostenimiento del sistema tributario nacional.
En el rubro de streaming, por ejemplo, se encuentran registradas plataformas como Netflix, Disney+ y Amazon. También figuran empresas del sector educativo, como Coursera o Canva, que ofrecen formación virtual. No obstante, sorprende la ausencia de Trivago, un actor relevante en la comparación de hospedajes, que no figura en el listado de contribuyentes, a pesar de su alto uso en el país.
Otro caso que genera preocupación es el de las aplicaciones de movilidad urbana. Según información disponible al 21 de agosto de 2025, Uber no está registrada como contribuyente. En contraste, otras plataformas como Indrive, Yango y DiDi sí están cumpliendo con la norma. Esta disparidad plantea dudas legítimas sobre la eficacia de los mecanismos de fiscalización vigentes.
La falta de cumplimiento no solo afecta la equidad tributaria, sino que limita la recaudación potencial del Estado.En febrero de este año, SUNAT alcanzó una recaudación récord de S/ 51 millones solo por este impuesto, según declaraciones de su presidente, Víctor Mejía, a Canal N. Si más plataformas cumplieran, el impacto positivo podría extenderse a sectores esenciales como educación, salud e infraestructura.
Hoy vemos que grandes nombres como Uber o Trivago, entre muchas otras plataformas, operan en Perú sin pagar el impuesto digital. Urge que el Estado cobre de manera pareja a todos para asegurar competencia justa y mayores recursos para el progreso del país.
Por eso, este no es solo un debate técnico o legal: es un tema de responsabilidad y compromiso de las marcas con el Perú. Si empresas globales como Netflix o Disney ya cumplen, ¿por qué otras del mismo nivel siguen al margen? La regulación existe, el mecanismo también; lo que falta es voluntad política y operativa para hacer cumplir la norma sin excepciones.
Las marcas que operan en el país deben entender que su éxito depende también de la confianza y legitimidad que construyan en los mercados donde actúan. Contribuir de manera justa no es opcional, es parte del contrato social que toda compañía responsable debe honrar. De lo contrario, la promesa de equidad fiscal quedará incompleta y los peruanos seguiremos pagando la factura de quienes prefieren mirar hacia otro lado.