La congresista Susel Paredes, integrante del Bloque Democrático Popular, presentó una propuesta legislativa que plantea reconocer el trabajo sexual como una actividad económica lícita para personas mayores de edad. La iniciativa establece que quienes se dediquen a esta labor deben gozar de los mismos derechos y protecciones que el resto de trabajadores, siempre bajo un marco de respeto a la autonomía individual.
El documento señala que el trabajo sexual no constituye una infracción penal ni debe continuar en la clandestinidad, sino ser tratado como una ocupación regulada. Paredes sostiene que esta medida no busca incentivar la prostitución, sino otorgar respaldo jurídico a quienes la ejercen voluntariamente, diferenciando esta práctica de la trata de personas o de cualquier forma de explotación.
Derechos y acceso a servicios
El proyecto de ley reconoce una serie de derechos específicos. Entre ellos, el acceso a servicios de salud integral mediante afiliación al Sistema Integral de Salud (SIS) o a EsSalud, la provisión de métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual y la confidencialidad respecto a su ocupación. Asimismo, se garantiza la posibilidad de negociar una retribución justa, afiliarse a sindicatos y participar en programas estatales sin discriminación.
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También se establece que las personas que ejerzan esta actividad podrán organizarse de manera individual o colectiva en espacios autorizados, siempre que cumplan las disposiciones de salubridad y seguridad dictadas por las autoridades locales. El texto incluye, además, el derecho a participar en la formulación de políticas públicas que las afecten y a recibir atención integral en casos de violencia sexual.
En cuanto a las obligaciones, la iniciativa dispone que los trabajadores sexuales deben respetar las normas de seguridad, salud y orden público. Se prohíbe exigir pruebas de VIH como requisito para ejercer la actividad, permitiendo únicamente evaluaciones voluntarias con consentimiento informado.
Medidas contra la violencia y abusos
Uno de los puntos centrales del proyecto es la protección frente a la violencia y el hostigamiento. El documento precisa que la negativa de una persona a realizar determinados actos sexuales no puede ser motivo de despido, de incumplimiento de pago o de sanción contractual. También se declara nula cualquier cláusula que vulnere estos principios.
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El Ministerio del Interior, junto a la Policía Nacional y los gobiernos locales, tendría la responsabilidad de implementar mecanismos de seguridad, registro voluntario y denuncia protegida para prevenir extorsiones y amenazas. Asimismo, se contempla que la Policía y el Ministerio Público establezcan programas especiales para proteger a quienes denuncien hechos de violencia, incluyendo la posibilidad de acogerse a programas de protección de testigos.
El texto también señala que las entidades estatales deberán desarrollar campañas de sensibilización para eliminar estigmas sociales y capacitar a su personal en el trato digno hacia las personas que ejercen trabajo sexual. Estas medidas buscan frenar los abusos documentados en redadas, detenciones arbitrarias y cobros indebidos en diferentes regiones del país.
Contexto nacional e internacional
La exposición de motivos advierte que la ausencia de un marco legal en el Perú ha generado condiciones de vulnerabilidad para quienes ejercen el trabajo sexual. Aunque la prostitución entre adultos no es delito, tampoco existe una norma que reconozca derechos laborales, lo que los expone a operativos policiales, extorsiones y exclusión de la seguridad social.
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El proyecto se fundamenta en compromisos internacionales suscritos por el Perú, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Organismos como ONUSIDA y Human Rights Watch han advertido que la criminalización o falta de regulación incrementa los riesgos de violencia y limita el acceso a la salud pública.
En esa línea, la iniciativa busca alinear la legislación peruana con estándares internacionales y con experiencias comparadas en países como Uruguay y Nueva Zelanda, donde la regulación del trabajo sexual ha permitido reducir abusos, mejorar la salud pública y fortalecer el acceso a derechos laborales.