La tensión social volvió a sentirse en el distrito de Machu Picchu, donde decenas de ciudadanos salieron a las vías para expresar su rechazo a la situación que atraviesa el transporte turístico hacia la ciudadela inca. La protesta se concentró en el sector de Qoriwayrachina, a la altura del kilómetro 88 de la ruta ferroviaria que une Ollantaytambo con Machu Picchu Pueblo, en la comunidad de San Antonio.
Con carteles y arengas, los manifestantes cuestionaron a las empresas Consettur y PerúRail, a las que responsabilizan de impedir el ingreso de los buses de la nueva operadora San Antonio de Torontoy. Según señalaron, las 18 unidades de esta empresa permanecen varadas en la zona de Hidroeléctrica, pese a que cuentan con autorización oficial para brindar el servicio de traslado de visitantes.
La jornada se desarrolló de manera pacífica y bajo resguardo de la Policía Nacional. Los agentes acompañaron la movilización y permitieron que un tren con destino a Machu Picchu Pueblo circulara con normalidad. Sin embargo, el ambiente se mantiene en alerta, pues las comunidades han anunciado la posibilidad de un paro indefinido si no se cumplen sus demandas.
Reclamo por el ingreso de nueva flota de buses
El presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, Darwin Baca, denunció que PerúRail no facilitó el traslado de las unidades, a pesar de contar con la resolución del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). “Esto es un clamor de toda la población de Machu Picchu y de las comunidades. No entendemos cuál es la observación para que no ingresen aún los buses. Está en manos de Perú Rail cumplir con la autorización del Sernanp”, señaló en declaraciones a Nueva TV Nacional.
El dirigente explicó que las comunidades locales ya alcanzaron un preacuerdo para ejecutar un “paro seco e indefinido” si el problema no se resuelve en los próximos días. La medida indicó, busca garantizar la continuidad del servicio turístico tras el cese de la concesión de Consettur.
“Estamos preocupados por el sector turismo. Siempre hemos llamado a la calma y a la paz, pero si no se cumple la ley, la población se siente atropellada”, advirtió Baca.
Críticas a la demora y acusaciones a Perú Rail
Los pobladores sostienen que la demora responde a una decisión arbitraria de PerúRail, a pesar de que su función debería limitarse al transporte de los vehículos. “PerúRail no determina si ingresan o no los buses. Es simplemente el cumplimiento del ingreso de las unidades vehiculares, porque Sernanp ya otorgó la autorización correspondiente”, enfatizó Baca.
El dirigente también cuestionó al decano del Colegio de Abogados del Cusco, a quien acusó de “buscar pretextos” para frenar el proceso. “Parece que está defendiendo a Consettur. Pedimos que se analice bien antes de opinar”, declaró.
Advertencia de paro inminente
En entrevistas, Baca reiteró que el malestar social crece a cada hora. Señaló que tanto el Frente de Defensa como las comunidades de la zona sostendrán reuniones para definir la fecha exacta de inicio de la paralización. “Muy posiblemente sea mañana o en estas horas, pero eso se va a determinar en función de las reuniones y de la respuesta de Perú Rail”, indicó.
Según dijo, el objetivo de la medida no es perjudicar al turismo, sino garantizar que se respete el marco legal que permitió el ingreso temporal de San Antonio de Torontoy al servicio. “No queremos pensar mal. Ojalá que sean cuestiones administrativas, nada más esta demora, pero está en manos de Perú Rail poder dar cumplimiento”, agregó.
Desde el sector empresarial también se expresaron voces de preocupación. Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, calificó la situación como un riesgo para la imagen del país. “Constantemente Machu Picchu está dando malas imágenes hacia el mundo. No podemos seguir enviando información negativa de nuestra principal maravilla”, afirmó en entrevista con RPP.
Stoessel sostuvo que el fin de la concesión de Consettur debió resolverse con un concurso formal y no con una decisión de último momento. Recordó que la nueva empresa solo tiene autorización por cuatro meses y que no cuenta con la infraestructura necesaria en Machu Picchu Pueblo para operar plenamente. “Se necesita un patio de maniobras, un garaje, un grifo. Eso no existe en este momento”, explicó.
El representante gremial alertó que estos problemas afectan directamente la llegada de visitantes. “El año pasado recibimos 3.2 millones de turistas extranjeros. Este año apenas alcanzaremos los 3.5, cuando en 2019 llegamos a 4.4 millones. Machu Picchu se ha convertido en un cuello de botella que genera una mala imagen”, señaló.
Mientras tanto, los pobladores de Machu Picchu Pueblo y comunidades aledañas se mantienen a la espera del ingreso de la flota autorizada. Para ellos, el tema no solo responde a la continuidad del servicio de transporte, sino a la defensa de sus derechos frente a las empresas que controlan los accesos. “Esto es un tema de urgencia. Se tiene que garantizar el servicio de transporte a los turistas”, remarcó Baca.
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