La abogada Silvana Carrión, exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, denunció este viernes que Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, y Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, han coordinado acciones para forzar su salida del cargo.
La letrada presentó chats que evidenciarían esta presión política, en medio de una investigación relacionada con la agrupación política Renovación Popular, liderada el burgomaestre.
“Cuántos pedidos ha hecho el alcalde para que me cesen del cargo. Y acá hay algo bien grave: la agrupación política Renovación Popular, la cual el señor López Aliaga es su presidente, se encuentra investigada en uno de los casos penales que tenemos a cargo”, dijo.
“Está como persona jurídica investigada por financiamiento de campaña, plata que ha recibido de OAS y Odebrecht cuando era Solidaridad Nacional. No es otro partido, es el mismo que ahora se llama Renovación Popular. Nosotros habíamos solicitado su inclusión como tercero civilmente responsable (…) de hecho, el 25 de septiembre era la audiencia para sustentar la incorporación de la agrupación política dentro del caso", continuó.
La exprocuradora detalló que la insistencia para apartarla del proceso se intensificó con la entrada Santiváñez a la cartera de Justicia. “Ingresando al cargo también cambió al representante del Ministerio de Justicia en la silla del consejo directivo de la Procuraduría General. Con ese cambio es que finalmente tomaron la decisión el día de hoy (de sacarla)”, aseguró.
En un informe presentado por Carrión sobre actos de interferencia política y mediática, se incluyen extractos de mensajes enviados por el alcalde. En uno de ellos, fechado el 30 de mayo de 2025, López Aliaga le envió un oficio solicitando que la Procuraduría Ad Hoc se sume a una demanda presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en Estados Unidos, vinculada a la empresa Brookfield, parte de la concesionaria Rutas de Lima.
“Estaba en diligencia y más temprano mi equipo y yo nos habíamos reunido con el equipo de la Procuraduría Pública de la MML. Procederíamos con la evaluación respectiva del pedido y nos mantendríamos en contacto con ellos”, le respondió vía WhatsApp.
Sin embargo, el alcalde insistió con mensajes que Carrión interpretó como órdenes: “Necesito el apersonamiento de tu procuraduría en este grave caso”. Posteriormente, el domingo 1 de junio, López Aliaga envió nuevos mensajes, algunos con tono amenazante: “Discúlpame Silvana, ¿te puedo llamar? Este tema es URGENTE. Me estás obligando a salir a prensa a denunciar este comportamiento, en contra de la defensa del Estado peruano".
Carrión también denunció una campaña mediática orquestada para presionarla, en la que medios y figuras políticas, como el abogado Wilber Medina y la exprocuradora Katherine Ampuero, actualmente militante de Renovación Popular, difundieron mensajes que presentaban su decisión como crucial para “salvar el caso contra los peajes”.
Titulares como “US$ 3,000 millones dependen de Silvana Carrión” circularon el 6 de junio en medios como el diario Expreso, Willax TV, Canal B y La Noticia, además de redes sociales, algunas presuntamente falsas y creadas para ataques específicos, siempre según el documento.
López Aliaga envió en total tres oficios al Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, que aprobaron por unanimidad su salida, con votos de María Caruajulca, Eduardo Guardia Yzaguirre y Juan Cavero Lozano, este último designado por Santiváñez.
Panorama
La remoción se produjo después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) expresara su preocupación por el acoso a fiscales anticorrupción en Perú, en un contexto de sentencias importantes contra la corrupción, como la condena al expresidente Alejandro Toledo, así como los juicios contra el exmandatario Martín Vizcarra y la exalcaldesa Susana Villarán.
Carrión ya no participará en la defensa civil de la Procuraduría Ad Hoc; su reemplazo será designado por el Consejo Directivo.