El conflicto institucional en la cúpula del Ministerio Público sumó un nuevo capítulo con la presentación de una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. El recurso fue ingresado al Congreso de la República el sábado por el abogado Juan Peña Flores, parte del equipo legal que defiende a Patricia Benavides, fiscal suprema que fue apartada de su cargo por resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y posteriormente restituida.
La denuncia constitucional, sustentada en los artículos 99 y 100 de la Constitución, así como en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, plantea que Espinoza habría incurrido en infracciones constitucionales y delitos de función por supuestamente desacatar la resolución 231-2025-JNJ, dictada por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia el 12 de junio, la cual ordenaba la restitución inmediata de Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. El recurso invoca la vulneración de derechos fundamentales, la transgresión a la función pública y el incumplimiento de mandatos legales.
Entre las supuestas infracciones destacan la vulneración de derechos fundamentales como la igualdad ante la ley y el debido proceso, así como la omisión de deberes inherentes al cargo. En el plano penal, la acusación señala los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; ambos contemplados en los artículos 368 y 377 del Código Penal peruano.
Denuncia fue presentada el sábado ante el Congreso
Juan Peña solicitó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tramite la denuncia y se apliquen los procedimientos de antejuicio y juicio político, lo que podría derivar en la inhabilitación de Espinoza por hasta diez años para ejercer función pública. Además, pide que en caso de avanzar la acusación penal, esta sea investigada por una Fiscalía Suprema independiente, debido a los posibles conflictos de intereses, ya que no corresponde que la fiscal de la Nación sea investigada por sí misma o por fiscales supremos nominados por ella.
El abogado expuso que la presunta renuencia de Espinoza a cumplir la resolución de la JNJ no solo constituiría una afrenta al orden constitucional sino también representaría un desacato a la autoridad. Peña precisó que la presentación de recursos legales no debería interrumpir la inmediata restitución de Benavides, tal como lo exigía la máxima autoridad encargada de la carrera fiscal en el país.
Denuncia hostigamiento contra abogados de Patricia Benavides
Peña además señaló que Espinoza abrió denuncias penales contra otros abogados integrantes del equipo defensor de Benavides, incluyendo a Humberto Abanto y Jorge del Castillo, quienes enfrentan cuestionamientos por ejercer su labor al presentar nulidades y argumentos de defensa ante la JNJ, acciones que, según el abogado, no constituyen delito alguno. Este hecho fue resaltado como un indicio de una supuesta conducta obstructiva dentro del Ministerio Público.
De manera paralela, se anticipa la presentación de una nueva denuncia constitucional contra Espinoza, promovida por Humberto Abanto, también abogado de Benavides, con argumentos añadidos respecto a la actuación de la fiscal de la Nación durante el proceso de restitución.
Citación a Patricia Benavides y expectativas de retorno
En medio de estas acciones legales, Delia Espinoza citó a Patricia Benavides para una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos el 12 de agosto. El encuentro, programado para las 9:00 a.m., buscaría formalizar la reincorporación de Benavides, en cumplimiento de la orden de la JNJ. La convocatoria fue anunciada en términos protocolarios, anticipando que la antigua titular del Ministerio Público reasumiría funciones como fiscal suprema.
Pese a la citación, el clima de enfrentamiento permanece latente. La acusación promovida por la defensa de Benavides sostiene que la demora en acatar lo dispuesto por la JNJ afecta la institucionalidad y compromete la función pública. En caso de que el Congreso tramite y declare procedente la denuncia, Delia Espinoza podría afrontar sanciones que incluyen la inhabilitación o suspensión de sus derechos políticos y funcionales.
La controversia subraya el nivel de confrontación existente en el Ministerio Público y el impacto institucional que generan las disputas en las altas esferas fiscales. Mientras tanto, el Congreso evaluará en los próximos días la denuncia, cuyo desenlace podría marcar un precedente en los procedimientos de control y fiscalización sobre quienes ocupan cargos clave en la administración de justicia peruana.