Durante años, la imagen del salsero Oscar Quezada estuvo vinculada al romanticismo de sus letras y al éxito internacional de la orquesta colombiana Los Titanes. En Perú, donde forjó una vida junto a la representante artística Andrea Loli, su figura era reconocida en escenarios y medios. Sin embargo, detrás de esa carrera, se gestaba una historia de maltrato, engaños y presuntas irregularidades, según las acusaciones presentadas por su expareja.
Andrea Loli, madre de los dos hijos del cantante, ha iniciado acciones legales en las que acusa a Quezada de agresión física, abuso psicológico, hostigamiento sexual, abandono económico y de haber intentado justificar una reducción en el pago de la pensión alimentaria con documentación cuestionada. La denuncia ha sido reforzada con grabaciones y documentos, además del testimonio de la hija mayor de ambos, quien ha tomado posición pública a favor de su madre.
Así comenzó la relación y el cambio de comportamiento
Andrea Loli conoció a Oscar Quezada a fines de los años 90, cuando ella tenía 18 años y él 39. Inicialmente, su vínculo fue laboral y amical, hasta que con el tiempo se convirtió en una relación sentimental. En el año 2001 contrajeron matrimonio civil en Cusco, tras un viaje inesperado organizado por el propio cantante, quien no había informado previamente a su pareja.
Según Loli, durante los primeros años, la relación parecía estable. Vivieron juntos, tuvieron dos hijos y ella asumió la gestión de su carrera como artista. No obstante, con el tiempo comenzaron a surgir conductas que, según su testimonio, evidenciaban control, manipulaciones emocionales y formas de violencia silenciosa. A medida que pasaron los años, estas actitudes se intensificaron y, en palabras de la denunciante, dieron paso a agresiones físicas y humillaciones sistemáticas dentro del hogar.
Audios comprometedores y acusaciones de violencia sexual
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la existencia de audios en los que se escucha al salsero hacer comentarios explícitos de índole sexual hacia su exesposa, incluso después de haber iniciado un proceso de divorcio. En una de esas grabaciones, Quezada le pide tener relaciones antes de firmar el acta de separación. Cuando ella se niega, él reacciona con insultos. Estas pruebas fueron entregadas a las autoridades como parte de la investigación en curso.
Además del testimonio de Andrea, también se ha sumado el de una excorista de su orquesta, Marina Nevado, quien lo acusa de hostigamiento sexual. Ella afirma que recibió comentarios inapropiados por parte del cantante cuando se preparaba para un evento. Según contó, él le habría dicho: “Ya estás para violarte”. La denuncia de Nevado también ha sido presentada ante las autoridades correspondientes.
Tras la separación formal en 2021, Oscar Quezada y Andrea Loli firmaron un acta de conciliación en la que se estableció la tenencia de los hijos, el régimen de visitas y una pensión mensual para la manutención del menor. No obstante, poco después, Quezada solicitó al Poder Judicial la reducción del monto pactado, alegando limitaciones físicas para continuar con su labor artística.
La defensa de Loli sostiene que los documentos presentados por el cantante carecen de validez y que fueron utilizados como estrategia para eludir su obligación económica. La propia hija mayor de la pareja se pronunció públicamente en contra de ese recurso, calificándolo como indignante y señalando que su madre no debería cargar sola con todas las responsabilidades. “No es justo que mi mamá cargue sola con todo. Si él quiso tener un hijo varón, no puede ahora desaparecerse”, declaró.
Las denuncias presentadas por Andrea Loli incluyen presuntos delitos de violencia familiar, agresión física, acoso sexual, estafa y abandono económico. A estas se suman las declaraciones de Marina Nevado y los audios entregados a la Fiscalía. Hasta el momento, Oscar Quezada no ha dado declaraciones públicas ni a la prensa ni a través de sus redes sociales. Únicamente respondió a una consulta del equipo de investigación indicando que solo hablará ante las autoridades judiciales.