El fraude al Banco BBVA Perú, que bordea los 200 millones de dólares, reveló un esquema sofisticado en el que participaron empresarios, exfuncionarios bancarios y decenas de compañías fachada. Según la tesis fiscal, los involucrados simularon operaciones legales para acceder a productos financieros como créditos, leasing o factoring, empleando documentación falsa y vínculos internos con trabajadores del propio banco.
La magnitud del caso llevó a la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Lima Sur a desplegar un operativo conjunto con la Policía Nacional. El plan incluía allanamientos simultáneos y detenciones preliminares. Sin embargo, una alerta previa al procedimiento frustró la captura de la mayoría de los sospechosos, dejando al descubierto una filtración que comprometió la operación fiscal.
La filtración que frustró el operativo
El lunes 23 de junio, desde la madrugada, la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos simultáneos en 15 inmuebles de Lima y Chimbote. El objetivo era detener preliminarmente a diez personas clave en la organización. No obstante, solo una fue capturada. Nueve ya habían escapado antes del inicio del despliegue. En el teléfono móvil de uno de los detenidos, las autoridades hallaron mensajes con advertencias sobre el operativo, lo que confirma que los implicados fueron alertados con anticipación.
Entre los fugados figura Juan Ricardo Torres Cubas, empresario también relacionado al caso Sada Goray. La fiscal a cargo, Miluska Romero Pacheco, reveló que recibió mensajes de uno de los investigados con intentos de intimidación, exigiéndole que “regule” su decisión de proceder con la detención. La filtración no solo afectó el éxito del operativo, sino que también expuso el nivel de influencia y conexiones que mantenía la red fuera del circuito bancario.
¿Cómo operaba la red que estafó al BBVA?
Las empresas implicadas solicitaban productos financieros al banco utilizando estados financieros adulterados, contratos inexistentes y balances inflados. Una vez aprobado el desembolso, el dinero se dirigía a proveedores vinculados a los mismos solicitantes, sin que existieran los bienes que supuestamente serían adquiridos. Las verificaciones internas del banco eran burladas con domicilios falsos, oficinas inexistentes e incluso fachadas improvisadas.
El fraude se sostenía gracias a la colaboración de funcionarios dentro del BBVA, quienes avalaban las operaciones y tramitaban los créditos sin cumplir con los protocolos de verificación. Varios de los productos financieros fueron autorizados en la misma agencia bancaria y en lapsos breves, lo que reforzó las sospechas de coordinación interna. Entre los esquemas detectados, se identificó el uso recurrente del leasing mobiliario, que permitía solicitar préstamos bajo la excusa de adquirir maquinaria o implementar plantas industriales que nunca se construyeron.
¿Quiénes están bajo investigación?
La red está conformada por exfuncionarios del BBVA como Marco Antonio Gaitán Chunga, Diego Araujo Ugarte y Christian Bobadilla Ortega, todos vinculados al área de banca empresas. Ellos habrían facilitado internamente la aprobación de operaciones fraudulentas para firmas sin respaldo económico ni solvencia comprobada. Según el expediente fiscal, aprobaron créditos millonarios para empresas recién activadas o sin trayectoria comercial real.
Del otro lado están los representantes de compañías como Frío Superfish SAC, Servicios Generales San José SAC, Fomenta Pesquera SAC, Morro Sama Inversiones EIRL, Corporación Triple AAA SAC, entre muchas otras. En varios casos, los vínculos entre los solicitantes, los proveedores y los aprobadores eran de tipo familiar o sentimental, lo que refuerza la hipótesis fiscal de que se trataba de una organización coordinada y no de acciones aisladas.
Lo que sigue en la investigación
Aunque la mayoría de los detenidos no fue ubicada, el caso ya se encuentra en fase previa a la etapa preparatoria, y la Fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de todos los implicados. Se incautaron dispositivos electrónicos, documentos contables y vehículos durante los allanamientos. Además, al menos cinco personas más están incluidas en calidad de investigadas, y el número de empresas involucradas supera las 18.
Una figura clave mencionada en el expediente es Martín de Jesús Montoya Marcilla, vinculado también al caso Sada Goray, quien habría canalizado parte del dinero a través de sus empresas Almacenes Mayoristas SAC y MJC Group SAC. Su muerte, ocurrida el 17 de junio, días antes del operativo, añade otro elemento al caso. Las autoridades no descartan nuevas detenciones ni una ampliación de la investigación a otros niveles del sistema financiero.