La pregunta sobre si los municipios en Perú aún tienen la facultad de multar o enviar al depósito los vehículos mal estacionados sigue siendo un tema de debate, ya que el pronunciamiento final del Tribunal Constitucional (TC) aún está pendiente, según informó recientemente la Defensoría del Pueblo.
Aunque el TC ya declaró inconstitucional estas acciones de las comunas en otras resoluciones, las autoridades locales siguen aplicando multas y enviando vehículos a los depósitos hasta que se resuelva este tema de manera definitiva.
El año pasado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional interveno para aclarar las competencias que tienen las municipalidades distritales sobre el tránsito al declarar inconstitucional la ordenanza n.° 3752021/MLV del distrito de La Victoria.
A través de un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo informó que presentó hace dos años atrás una demanda de inconstitucionalidad contra las ordenanzas de algunos distritos de Lima que implementaban sanciones viales como el internamiento de vehículos mal estacionados, “algo que según la Constitución corresponde exclusivamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)“.
En la demanda se abordó de manera específica los casos de las ordenanzas aprobadas en los distritos de Breña, Carabayllo, El Agustino, Independencia, La Molina, Magdalena del Mar, Miraflores, Rímac y San Borja.
El TC, aunque aún no ha emitido una sentencia final, dejó claro que las municipalidades distritales no tienen la autoridad para sancionar ciertas infracciones de tránsito, como el mal estacionamiento, ya que esas acciones deben ser reguladas únicamente por el MTC y bajo los lineamientos del Reglamento Nacional de Tránsito (RNT). Sin embargo, hasta que se resuelva este tema de manera definitiva, los municipios continúan con sus prácticas.
El caso de La Victoria
Un caso reciente que dio pie a la controversia ocurrió en La Victoria, cuando un adulto mayor sufrió un paro cardíaco al enterarse del monto de la multa por recuperar su vehículo del depósito municipal. Este incidente puso nuevamente el foco en las multas excesivas y las sanciones que siguen siendo aplicadas por los municipios, a pesar de que el TC ya ha comenzado a marcar una línea clara sobre el tema.
La ordenanza N° 375-2021 de la Municipalidad de La Victoria autorizaba el uso de grúas para trasladar vehículos mal estacionados y enviarlos al depósito, algo que ha sido cuestionado por su posible exceso de autoridad. Aunque la municipalidad se ha defendido al argumentar que sigue los procedimientos establecidos en sus normativas, el TC ya ha declarado que este tipo de disposiciones exceden las competencias de las autoridades locales.
¿Qué infracciones no deben sancionar los municipios?
Aunque las municipalidades distritales pueden colaborar con la regulación del tránsito, como ha señalado el TC, algunas infracciones ya podrían no ser sancionadas por los gobiernos locales:
- Estacionar bloqueando entradas o salidas de predios.
- Obstruir rampas para personas con discapacidad.
- Ocupar calzadas impidiendo el libre tránsito.
- Aparcar sobre áreas verdes.
El Tribunal ha sido claro en que estas infracciones deben ser tratadas exclusivamente bajo las normativas y regulaciones dictadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y no por ordenanzas locales, como era el caso en La Victoria y otros distritos de la capital.
La presión sobre el TC para una resolución
Pese a que aún no se ha dado el fallo definitivo, el TC se enfrenta a una creciente presión, tanto por parte de la Defensoría del Pueblo como de ciudadanos que reclaman justicia ante las prácticas municipales.
La Defensoría ha solicitado que el TC se pronuncie con urgencia sobre la demanda de inconstitucionalidad para evitar que más municipalidades continúen aplicando sanciones que no tienen respaldo legal.
El TC tiene la responsabilidad de establecer un criterio uniforme sobre las competencias que los municipios deben tener en materia de tránsito, especialmente para evitar que se continúen utilizando las infracciones de estacionamiento como una vía para generar ingresos sin una base legal sólida, advirtieron voceros de la Defensoría. Mientras tanto, los conductores siguen siendo los más afectados por la falta de claridad en la normativa.