Gustavo Adrianzén presentó su renuncia irrevocable a la Presidencia del Consejo de Ministros, en un contexto marcado por una inminente censura en el Congreso de la República. La dimisión se produjo apenas un día antes de que se debatieran las mociones en su contra y pocas horas después de que la presidenta Dina Boluarte realizara cambios en los ministerios de Economía, Transportes e Interior, en un intento por asegurar la continuidad del primer ministro en el puesto.
En un sentido mensaje, en el que se dejó ver emocionado y con la voz entrecortada, el sucesor de Alberto Otárola destacó que lo hacía “pensando en los altos intereses de la patria”, pero sin descartar su retorno en otro cargo. “Mi vocación de servir al país, señora presidenta, se mantiene incólume y estaré siempre presto a acudir a su llamado para continuar en la noble tarea de servir al Perú. Auguro grandes éxitos en los meses que restan de vuestra gestión de gobierno”, expresó.
Aunque no hay confirmaciones sobre el cargo que asumiría con su salida, distintas voces apuntan a que Adrianzén sería designado como embajador del Perú ante el Vaticano. De concretarse, no sería la primera vez que la jefa de Estado opta por ‘reciclar’ a sus funcionarios salientes. Julio Demartini, quien ocupó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y renunció ante el destape del caso Qali Warma, retornó al Estado como asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cartera encabezada por Desilú León.
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A él se suma Juan José Santiváñez, censurado ministro del Interior, quien hoy se desempeña como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial y miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entidad adscrita al Ministerio del Interior.
¿Por qué renunció Gustavo Adrianzén?
Gustavo Adrianzén renunció en medio de una creciente oposición parlamentaria, alimentada por sus polémicas declaraciones sobre el secuestro y asesinato de 13 mineros en Pataz, quienes fueron hallados sin vida, desnudos y con signos de tortura en el interior de un socavón. Este hecho generó indignación tanto en el ámbito político como en la opinión pública, intensificando los cuestionamientos hacia su gestión y motivando la presentación de cuatro mociones de censura en su contra.
Si bien Heidy Juárez y Diego Bazán aseguraban ante distintos medios de comunicación la existencia de los votos requeridos para la censura, el número de firmantes era de 59. Es decir, faltaba el respaldo de siete congresistas para concretarse la destitución. Sin embargo, ello cambió con el pronunciamiento de Fuerza Popular, en el que confirmaron su voto en bloque a favor de la censura. “Nos preocupa profundamente la reacción tardía del gobierno frente a la masacre en Pataz, así como las declaraciones del premier ministro que minimizaron la gravedad de los hechos y mostraron una total desconexión con el principal problema del país: la inseguridad”, expresaron y exhortaron a la jefa de Estado a “realizar de inmediato los cambios necesarios”, escribieron.
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Con ello, se alcanzaban los 80 congresistas, dado que la bancada fujimorista cuenta con 21 integrantes, superando así el mínimo necesario para obligarlo a que presente su renuncia y, con ello, la dimisión de todo el gabinete ministerial. Ello, ya que el artículo 133 de la Constitución Política establece que si el presidente del Consejo de Ministros es censurado, “se produce la crisis total del gabinete”.
Cabe mencionar que con la renuncia, la figura explicada en la carta magna también se aplica. No obstante, aunque la permanencia de los ministros actuales dependerá del sucesor de Adrianzén, pues es una oportunidad para refrescar al gabinete, los funcionarios titulares de las distintas carteras también pueden ser ratificados de modo parcial o total.