Luego de múltiples cuestionamientos por problemas estructurales y de seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) confirmó la reubicación del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima I, más conocido como Maranguita. El nuevo centro será construido en el distrito de San Antonio, en la provincia de Cañete, en un terreno de 700 mil metros cuadrados entregado provisionalmente por la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN).
La decisión fue anunciada oficialmente tras la firma de un acta entre el MINJUSDH y la SBN. La medida busca reemplazar al actual establecimiento de San Miguel, que lleva más de siete décadas de funcionamiento y ha sido objeto de múltiples denuncias por hacinamiento, violencia interna y vulnerabilidad en sus protocolos de seguridad.
El nuevo proyecto fue diseñado como una respuesta institucional al deterioro de las condiciones del centro actual y será desarrollado con el acompañamiento del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y del Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES), entidades encargadas de planificar los estudios técnicos preliminares.
Por qué reubicarán Maranguita
La decisión de trasladar Maranguita a la provincia de Cañete fue impulsada por un episodio crítico que expuso de forma contundente las debilidades del centro juvenil. El 2 de mayo, seis adolescentes se fugaron de las instalaciones durante la madrugada. El hecho generó alarma en San Miguel y encendió alertas sobre la seguridad en los centros de reclusión juvenil del país.
Este episodio no fue un caso aislado. Las condiciones del edificio, que data de hace más de 70 años, han sido objeto de críticas constantes por parte de autoridades, especialistas y vecinos.
La presión de los vecinos también fue un factor determinante. El alcalde del distrito, Eduardo Bless, había solicitado reiteradamente el traslado del centro por los riesgos que representa para la seguridad y la convivencia urbana.
Como respuesta, el viceministro de Justicia, Juan Alcántara, anunció una serie de medidas estructurales para evitar nuevas fugas, incluyendo la reorganización total del Pronacej. Además, el personal presuntamente implicado en la fuga fue sometido a investigaciones preliminares, según confirmaron desde el MINJUSDH.
Condiciones del nuevo terreno y objetivos del proyecto
El terreno asignado en San Antonio ofrece una extensión de 700 mil metros cuadrados, lo que representa una mejora sustancial respecto al espacio disponible en el actual centro juvenil de San Miguel. Esta disponibilidad permitirá, según las autoridades, construir una infraestructura moderna, adaptada a los estándares actuales de seguridad, habitabilidad y enfoque de resocialización juvenil.
Según informaron las autoridades del sector, el traslado tiene como uno de sus principales objetivos descongestionar zonas urbanas de alta densidad, como es el caso de San Miguel, donde la presencia del centro ha generado tensiones comunitarias.
La proyección del nuevo centro se basa en un enfoque integral: no solo se busca contener a los adolescentes infractores, sino también facilitar su rehabilitación mediante programas educativos, laborales y psicosociales. En este sentido, se espera que la nueva infraestructura mejore significativamente las condiciones de reclusión y refuerce las posibilidades de reinserción social.
Medidas inmediatas y proceso de transición
Mientras avanza el proceso técnico y administrativo para la construcción del nuevo centro juvenil en Cañete, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció una serie de medidas inmediatas destinadas a contener los riesgos en el actual establecimiento de San Miguel. Estas acciones buscan reforzar la seguridad interna y evitar nuevos episodios de fuga o violencia entre internos.
Alcántara informó que se implementarán medidas estructurales urgentes en las instalaciones existentes. Entre ellas se incluye el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, la revisión de protocolos de control interno y la identificación de puntos vulnerables dentro del recinto.