En medio de la incertidumbre desatada por la aplicación de aranceles a las importaciones por parte del gobierno de los EE. UU., si algo podemos rescatar es que el mundo entero empezaría a tomar conciencia de que el proteccionismo es perjudicial para las economías y el bienestar de las familias.
Medios tradicionales, y los digitales de hoy, vienen haciendo un seguimiento minuto a minuto sobre las implicancias, los riesgos, las respuestas de los pares comerciales, la desaceleración de la economía global y, sobre todo, cómo nos afecta esto directa o indirectamente.
Pues bien, de esa misma familia de políticas, herramientas, medidas y posturas ideológicas son, por ejemplo, aquellas que buscan incrementar la participación del Estado en el mercado; las que promueven controles de precios en diversos sectores; o las que impulsan la rigidez del mercado laboral, elevando los costos de contratación formal.
El Estado empresario genera resultados perjudiciales: pérdidas monetarias que terminamos pagando todos, copamiento de cargos e ineficiente provisión de servicios. Estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) dan cuenta de que, durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, las pérdidas acumuladas por las empresas públicas ascendieron a US$ 2,481 millones en 1979, un 10% del PBI. El deterioro económico generó altas tasas de pobreza.
En 1985 se establecieron controles de precios al tipo de cambio, a las tasas de interés e incluso a alimentos de primera necesidad. Esto provocó desabastecimiento en los mercados y largas colas para conseguirlos. Además, sumado a otras medidas populistas como la emisión descontrolada de dinero, el resultado fue que, entre 1987 y 1990, el PBI real registró una caída acumulada de 25%, la tasa de desempleo pasó de 4.8% a 8.3%, y fuimos el país con la mayor hiperinflación de la historia en la región, alcanzando un 7,649% en 1990.
Actualmente, bonos atados al aumento del salario mínimo —como el establecido en el sector formal agropecuario— hacen que los sobrecostos no salariales superen incluso a los del régimen general. Dicho bono, equivalente al 30% de la remuneración mínima vital, hace que el costo laboral no salarial del régimen agrario sea del 87.19%, mientras que el del régimen general es del 62.20%, según cifras del propio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Así pretendieron promocionar el sector? ¿Elevando los costos de contratación formal?
Son todas políticas que, en lugar de beneficiar, generan daños y perjuicios. Medidas populistas, producto de ideologías trasnochadas que fracasaron a lo largo de la historia económica del Perú y del mundo. Pueden parecer atractivas, vendedoras, incluso enarbolarse con un componente de “justicia social”, reducción de la desigualdad o mejora de la economía de la población; pero lo cierto es que terminan siendo contraproducentes.
Una próxima campaña electoral está a la vuelta de la esquina. Son más de 40 partidos políticos inscritos que podrían presentar candidaturas presidenciales, de acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones. Más de uno planteará medidas como las mencionadas en el presente artículo, así que atento para descartarlas desde el primer minuto de juego.